“La Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras está desfinanciada”, señala informe de la Comisión de
Seguimiento a la Ley 1448 de 2011
·Para pagar la indemnización
administrativa y el componente de vivienda a los inscritos en el RUV, sin tener
en cuenta las demás medidas de reparación integral, se debería invertir como
mínimo $33,6 billones adicionales a lo ya destinado.
Alejandro Ordóñez -Procurador |
Bogotá, 28 de agosto de 2015.
Es necesario hablarle claro al país y a las víctimas sobre el futuro de la
implementación de la Ley 1448 de 2011. Esta es una de las conclusiones del
informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, presidida por la Procuraduría General de la Nación y de
la que hacen parte la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la
República y tres representantes de la Mesa Nacional de Participación de
Víctimas, en el que se señala, entre otros aspectos, que dicha norma se
encuentra desfinanciada.
Según las proyecciones y
cálculos de la Contraloría, solamente para pagar las indemnizaciones administrativas
y el componente de vivienda (restitución) a quienes están inscritos en el
Registro Único de Víctimas, y sin tener en cuenta las nuevas víctimas que el
conflicto sigue generando, el país deberá invertir aproximadamente 33,6
billones de pesos corrientes de 2015, adicionales a lo ya destinado para tal
fin. Esto sin contar los recursos que demandaría la implementación de las tres
medidas adicionales previstas para la reparación integral: rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición.
Se reconoce en el informe que
el problema fundamental que enfrenta el cumplimiento de la Ley 1448 en términos
económicos, radica en la combinación de una coyuntura macroeconómica más
compleja, ya que el marco fiscal de mediano plazo prevé una cantidad de recursos
inferior a la requerida por las víctimas, al tiempo que el número de personas a
asistir, atender y reparar integralmente no cesa de crecer y hoy alcanza cerca
del 14% de la población total del país.
Frente a las necesidades de
recursos para garantizar lo estipulado en la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo considera que lo que procede es
la realización de una actualización seria del plan de financiamiento previsto
en el documento CONPES 3712 de 2011, que implica la revisión detallada de todas
y cada una de las medidas de asistencia, atención y reparación integral que se
deben llevar a las cerca de seis millones de personas afectadas por el
conflicto armado. Se reitera que el país debe tener claridad sobre las necesidades
económicas para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población
víctima, y abrir así el debate sobre las fuentes de financiamiento de la ley,
las alternativas y la manera de mejorar la ejecución de esos recursos. Fuente: Oficina de prensa de la PGN
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