La ONU confirma vínculos entre paramilitares y políticos en Colombia

AFP / Miércoles 9 de junio de 2010

Política institucional

La Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, dio por probados los vínculos entre paramilitares y políticos en Colombia, en un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre una misión en ese país, presentado este miércoles en Ginebra. Foto: Revista Semana

"Durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales. En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del Congreso", afirmó la Relatora, que visitó Colombia en diciembre pasado, la primera vez durante los dos periodos de gobierno presididos por Álvaro Uribe.

La Relatora citó el procesamiento de 93 parlamentarios y 22 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, enumerando además que se han incoado sumarios contra 13 diputados, 12 gobernadores, 166 alcaldes y 58 concejales.

Precisó que ese era el resultado de los casos investigados sobre "la llamada parapolítica, relativos a posibles conexiones de jefes de organizaciones paramilitares con miembros del Congreso de la República y del Gobierno".

Sobre la extradición a Estados Unidos por tráfico de estupefacientes de 18 miembros de esas organizaciones, la Relatora estimó que "han impedido" que testimoniaran sobre los crímenes de lesa humanidad que cometieron "y sobre sus relaciones con políticos colombianos, principalmente Congresistas y funcionarios".LEER MÁS...

Más de 3 mil crimenes extrajudiciales se cometieron en Colombia entre 2002 y 2009

Organizaciones sociales exigieron la inmediata intervención de la Corte Penal Internacional CPI, especialmente frente a los casos de 'falsos positivos'.

Fuente: Elespectador.com

En los últimos siete años se habrían producido en el país más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales, según lo revelan investigaciones adelantadas por la Coordinación Colombia Europa, que documentan un informe presentado por la Fundación para la Educación y el Desarrollo, Fedes, en el que se afirma que los llamados casos de ‘falsos positivos' son sólo la ‘punta del iceberg' de un delito de ejecución sistemática y controlada.

Según el organismo, desde 1994 han sido documentados 3.796 casos, de los cuales 3.084, más del 95 por ciento, se han producido en los últimos siete años, es decir, a partir de la entrada en vigencia de la seguridad democrática.

Para el columnista, Felipe Zuleta, el hecho de que el ex ministro de Defensa, hoy candidato presidencial, Juan Manuel Santos, haya manifestado que fue él quien puso fin a la ejecución de ese tipo de asesinatos demuestran que se trataba de un delito cuya ejecución era controlada y obedecía a una empresa criminal delimitadamente constituida.

A su turno, el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, Iván Cepeda, manifestó que es frecuente que el Gobierno trate de minimizar su responsabilidad en ese tipo de escándalos asegurando ser el que los descubrió y los denunció.

Es evidente, señaló Cepeda, que no sólo falta a la verdad el Ejecutivo, en cabeza del Presidente Uribe, cuando hace ese tipo de señalamientos, sino que lo que trata es de ocultar su responsabilidad, como lo ha hecho en otros casos como la parapolítica y las interceptaciones ilegales del DAS.

Defensores de derechos humanos y las madres de las víctimas de ‘falsos positivos' de Soacha enviaron una carta al fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para que asuma la investigación por la ejecución de estos casos, toda vez que consideran probada la incapacidad de la Justicia colombiana para hallar la verdad y castigar a los culpables.

Las organizaciones civiles y los familiares de los jóvenes asesinados calificaron de inaudita la presencia de Juan Manuel Santos en los comicios presidenciales, al señalarlo como uno de los principales responsables de los crímenes, toda vez que consideran que son atribuibles única y exclusivamente a la política de recompensas que mantuvo el Gobierno para incentivar la lucha contra insurgente en el seno de las Fuerzas Militares.