•Este documento propone diseñar un Sistema
Nacional de Información y Focalización para llegar a los territorios y
beneficiarios más vulnerables, aumentar la cobertura del programa Unidos, y
crear el programa ‘Analfabetismo Cero’, entre otros aspectos.
José Antonio Ocampo |
Pasto, Nariño, 22 abr (SIG).- El Director de
la Misión Rural, José Antonio Ocampo, le entregó este martes al Presidente Juan
Manuel Santos el primer informe que contiene una de las cinco estrategias
básicas desarrolladas por la Misión sobre la situación del campo colombiano.
Presidente Juan M. Santos |
“La Misión Rural ha venido
avanzando en estas cinco estrategias. Hoy tengo el honor de entregarle la
primera: es una estrategia de derechos sociales para los habitantes del campo
colombiano”, dijo Ocampo al Presidente de la República, durante su visita al
Centro de Investigación Obonuco, en Pasto.
Ocampo explicó que se ha
trabajado, también, en los aspectos de inclusión productiva, de competitividad
en el sector agropecuario, de desarrollo territorial participativo y de reforma
institucional.
Dijo que lo primero es una
estrategia transversal y explicó que “nosotros proponemos que haya unificación
de toda la estrategia de focalización de programas sociales”.
Así, la Misión plantea la
unificación, en algunas funciones, de la Dirección Nacional de Planeación (DNP)
y el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Sobre ese aspecto el informe
señala que: “Teniendo en cuanta el rol del DNP como entidad técnica en el
diseño y su organización multisectorial, y el rol y la experiencia del DPS como
entidad encargada del diseño y la ejecución de la política dirigida a la
población pobre y vulnerable, su capacidad institucional y su presencia en
territorio, se recomienda que el DNP y el DPS estén a cargo del sistema de
información y focalización, cada uno como líder en una etapa del proceso”.
Y agrega que de esta forma se
ayudaría a organizar una multiplicidad de criterios en la asignación de los
programas sociales.
Adicionalmente, con el fin de
avanzar en la lucha contra la pobreza extrema, el informe de la Misión Rural
recomienda expandir el programa Unidos hacia los territorios más rurales y
donde más se concentra la pobreza.
Se recomienda en el citado
documento la creación de un Sistema Nacional de Transferencias Monetarias a
partir de un sistema diferenciado de protección social -quizás transitorio-
necesario para fortalecer el componente de transferencias para la población más
pobre, incluyendo grupos hasta ahora excluidos y que no participan en el
mercado laboral (mujeres y adulos mayores).
Nutrición
El Director de la Misión
Rural, también se refirió al aspecto de la nutrición y la seguridad
alimentaria.
“Hay que hacer unos programas
de autoproducción para el consumo de las propias familias, con elementos que
permitan avanzar en el problema de nutrición que existen en los habitantes más
pobres del campo colombiano”, indicó.
En el documento también se
plantea fortalecer la Comisión Intersectorial para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, además de la
universalización de los subsidios directos al consumo con énfasis en la niñez y
en la juventud, y se debe iniciar con la universalización del programa de
alimentación escolar para todos los colegios rurales.
Igualmente, el informe
recomienda diseñar un programa de seguridad alimentaria a gran escala que
permita acompañar a las familias de los municipios rurales más apartados y con
un componente educativo en hábitos saludables.
Educación
En torno de la educación,
Ocampo explicó que se propone un programa de analfabetismo cero en el menor
tiempo posible, que contemple el mejoramiento de la calidad educativa en las
zonas rurales.
“Este es un problema crónico
en toda la educación rural. Hay que mantener los modelos de educación flexible,
Y muy importante un programa de capacitación situada. A los maestros hay que
fórmalos en el sitio donde enseñan”, conceptuó el Director de la Misión Rural.
También en el documento se
hace énfasis en la importancia de tener una política permanente para el área
educativa.
“Una recomendación transversal
y necesaria para el diseño de una política de educación rural es la creación de
una dirección permanente dentro del Ministerio de Educación, con recursos de
funcionamiento del presupuesto y proyectos de inversión específicos para las
zonas rurales, que permitan dar continuidad a iniciativas como el Programa de
Educación Rural con subsidios directos a la oferta más rezagada”, se plantea en
el documento.
Salud
Sobre el sector de la salud,
el Director Jose Antonio Ocampo sostuvo que el mayor reto es superar las
barreras que enfrentan las familias campesinas en el momento de necesitar
servicios de salud.
Para Ocampo, “la normatividad
y la institucionalidad del sector muestran que los problemas de financiación no
son el mayor obstáculo para el acceso a la atención en salud, por lo que, de
nuevo, el reto de la política pública es más de gestión y organización de los
servicio, lo que requiere también de un ente especializado al interior del
Ministerio”.
El funcionario añadió que la
principal estrategia es fomentar un modelo dual que continúe con los subsidios
a la demanda en los centros urbanos, pero que fortalezca los subsidios a la
oferta en los municipios rurales y rurales dispersos.
Vivienda y saneamiento básico
Durante su intervención,
también hizo referencia a las viviendas del sector rural que tienen problemas
de calidad en comparación con las viviendas urbanas.
Consideró que para mejorar en
la asignación de viviendas rurales, es importante profundizar el subsidio de
vivienda de interés social rural y la implementación de la política para el
suministro de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales.
En este aspecto el informe
señala que: “Frente al cierre de las brechas de servicios públicos, es
necesario adelantar esfuerzos diferenciados. El primer término un programa de
inversión en infraestructura en redes de acueducto y alcantarillado, y el
desarrollo de la institucional para su operación (…). En segundo lugar,
acelerar la cobertura de soluciones unitarias, innovadoras, adecuadas y
mejoradas para la población dispersa. Tercero, lograr la sostenibilidad de la
operación de acueductos de buena calidad y alcantarillado con bajo número de
usuarios, teniendo en cuanta el diseño de tarifas y subvenciones”.
Seguridad social
Al referirse a la seguridad
social, Ocampo explicó que al disminuir la generación de empleo en las zonas
rurales baja la afiliación al sistema pensional.
Para enfrentar esa situación
propuso, durante su intervención, el diseño de “un sistema paralelo que
gradualmente converja para darle unos benéficos equivalentes a los habitantes
del campo. El objetivo es llegar a una pensión universal”.
Así mismo, recalcó la
importancia de avanzar en la protección de los adultos mayores en búsqueda de
“la universalización de una protección mínima, que cubra todos los adultos
mayores rurales sin capacidad de pago y que actualmente no reciben pensión,
mientras en paralelo se fortalecen los sistemas contributivos”.
Inclusión social
Finalmente, el Director de la
Misión Rural aseveró que es importante para el desarrollo del campo colombiano
fomentar la inclusión social y productiva de la población rural.
El documento entregado este
miércoles dice que “un punto esencial es la inclusión productiva de los jóvenes
rurales, con iniciativas integrales de educación para la competitividad,
proyectos pedagógicos productivos, pasantías y prácticas y apoyo y fomento al
emprendimiento”.
Según el informe, “se calcula
que la inversión social adicional requerida para cerrar la brecha de bienes de
interés social en las zonas rurales, suman en educación, vivienda, agua,
saneamiento básico, primera infancia, adulto mayor, 2,9 billones de pesos
anuales adicionales en promedio durante 2016 -2020, frente a la base 2014, que
aumentan a 6,1 billones anuales hasta 2053 (todas las cifras en pesos
constantes del 2014). Esto representa una inversión promedio anual equivalente
al 0.6 por ciento del PIB 2014, durante los próximos 20 años”.
Las recomendaciones entregadas
por la Misión Rural al Jefe del Estado, son el resultado del trabajo conjunto
de la Dirección Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el Departamento para la Prosperidad Social, expertos nacionales e
internacionales, y representantes del sector privado y de organizaciones
campesinas.
(Fin/arg/bco)
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