El órgano de control abrió indagación preliminar por presuntas irregularidades en la planeación y selección del operador del PAE en Cartagena.
Bogotá, 14 de
junio de 2018. – Gobernadores y otros funcionarios vinculados en presuntas
irregularidades en la contratación del programa, Plan de Alimentación Escolar
–PAE- inició la Procuraduría General de
la Nación.
Los procesos cobijan
a los gobernadores de, Norte de Santander, y al mandatario encargado en
Putumayo; así mismo inició indagación
preliminar contra funcionarios de la alcaldía de Cartagena por presuntas
irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación
Escolar, PAE.
En Norte de
Santander el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria al gobernador
William Villamizar Laguado (2016 – 2019), y a otros dos funcionarios de la
administración, por presuntas irregularidades en la adjudicación de cuatro
convenios para ejecutar el PAE por un monto superior a los 51.000 millones de pesos.
De acuerdo
con la investigación, la gobernación adjudicó los convenios a través de
contratación directa, con lo que habría omitido presuntamente citar a una
convocatoria pública, tal como se requería en atención al objeto contractual y
las actividades que se debían desarrollar.
Igualmente la
selección del contratista se habría realizado, aparentemente, de manera sesgada
y subjetiva sin tener en cuenta su idoneidad y experiencia para ejecutar el
objeto contractual.
Los convenios
que son objeto de la investigación fueron otorgados por la gobernación a la
Corporación de Desarrollo Social Tanai Jawa entre el 25 de enero de 2016 y el 5
de enero de 2017.
La
investigación disciplinaria también cobija a la gobernadora encargada, Sonia
Arango Medina, y a la secretaria de Educación del departamento, María Fabiola
Cáceres Peña.
Pae en Putumayo
El órgano de
control formuló pliego de cargos al Gobernador encargado de Putumayo, Oscar
Darío Mallama Quetama, y a otros dos funcionarios de la administración, por
presuntas irregularidades en la planeación, celebración y ejecución de un
contrato por más de $9.900 millones, para el suministro de alimentación a
estudiantes de las instituciones educativas del departamento en el 2017.
El pliego de
cargos también se aplica al secretario de Educación del departamento, Jorge
Enrique Ferrín Dorado, y al jefe de la Oficina de Contratación, José Luis
Moreno Lozano.
Para el
Ministerio Público el contrato se habría adjudicado a la unión temporal El
Putumayo Somos Todos 2017, conformada por Seval Logística y la Fundación SAC de
Colombia, sin que presuntamente la gobernación contara previamente con los
estudios técnicos y financieros precisos, que permitieran establecer el
presupuesto oficial de la licitación pública y soportar el valor estimado.
Entre las
presuntas irregularidades que se investigan están posibles sobrecostos por más
de 26 millones de pesos en los precios de las raciones alimenticias, situación
que habría reducido el número de menores beneficiados por el programa.
La
Procuraduría también investiga si los pliegos de condiciones contaban con
reglas objetivas, justas, claras y completas que aseguraran una selección
imparcial del contratista, y la solicitud de la utilización de un sistema
biométrico para controlar el número de menores atendidos, exigencia que habría
limitado la inscripción de oferentes y generado, aparentemente, un
direccionamiento en la contratación. Esa herramienta en la práctica no fue
utilizada por la empresa seleccionada.
Igualmente la
gobernación ofreció un puntaje específico para el oferente que implementara un
análisis microbiológico y físico-químico como control de los alimentos
entregados, a pesar de que ese mecanismo estaba contemplado en las obligaciones
propias del contrato. Para el Ministerio Público esa condición adicional podría
haber limitado la participación de empresas o entidades interesadas en licitar,
porque hacía más oneroso el valor del contrato a ejecutar.
También se
investigan las condiciones generales del proponente escogido, y si las empresas
que la conforman cuentan con la capacidades jurídicas y financieras, y las
condiciones de experiencia y de organización necesarias para ejecutar un
contrato como el adjudicado, que tenía como objetivo beneficiar a 57.729 estudiantes del departamento.
Por esos
hechos, la conducta aparentemente desplegada por los funcionarios habría
violado los principios de transparencia, responsabilidad y el deber de
selección objetiva en la contratación pública, al incumplir los lineamientos
técnicos fijados por el Ministerio de Educación para el Programa de
Alimentación Escolar, PAE.
Indagación en Cartagena
En Cartagena
el órgano de control abrió indagación preliminar contra funcionarios por
determinar de la alcaldía, por presuntas irregularidades presentadas en la
planeación y selección del operador del PAE en la ciudad.
La medida fue
adoptada por la Procuraduría Provincial de Cartagena tras la decisión de la
Secretaría de Educación de declarar desierta la convocatoria pública que
buscaba contratar al operador del servicio para 2018.
El ente de
control solicitó a la Secretaría de Educación los soportes del proceso
precontractual adelantado, así como un informe detallado del estado actual del
PAE en la ciudad y la forma como se va a ejecutar, para proteger el derecho a
la educación de 89 mil alumnos. Fuente, prensa de la PGN. Foto: Archivo
Procuraduría
Ajuste de contenido y
diagramación: Bersoahoy.co
No hay comentarios:
Publicar un comentario