“La Procuraduría es clara al señalar que los
parámetros fijados por la Corte Constitucional para la práctica de aspersión
área de herbicida sobre cultivos ilícitos, no representan una traba en la lucha
contra el problema de las drogas, sino una garantía institucional”.
“Llamamos la atención sobre la necesidad de
que la hoja de ruta del gobierno para enfrentar la criminalidad del
narcotráfico se traduzca en acciones articuladas y coordinadas
interinstitucionalmente, a nivel central y territorial”.
Bogotá, 7 de
marzo de 2019. El Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés
González, al intervenir en la Audiencia sobre el uso del glifosato en la Corte
Constitucional, manifestó que “la mejor
manera de atacar el crecimiento de área sembrada con coca es la sustitución
voluntaria”, pero advirtió que debe ir acompañada de “sólidas y efectivas
políticas de desarrollo e inversión social, así como del ultimátum creíble de
la erradicación forzosa”.
“La
Procuraduría en esto es clara al señalar que los parámetros fijados por la
Corte Constitucional para la práctica de aspersión área de herbicida sobre
cultivos ilícitos, no representan una traba en la lucha contra el problema de
las drogas, sino una garantía institucional, para que su uso se adecúe a los
preceptos constitucionales. Y así debe ser la interpretación de sus fallos, con
la ponderación y búsqueda de garantías admisibles que equilibren seguridad
nacional y lucha contra la criminalidad, frente a los derechos a la salud y el
ambiente sano de las poblaciones y grupos étnicos, en la ruralidad”.
Frente a la
aspersión aérea, Cortés González advirtió que “no es la única, ni la
determinante para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos”, y enfatizó
en que si es utilizada debe estar sometida al desarrollo de una política
integral y articulada de erradicación voluntaria y forzosa y de desarrollo
social, y al cumplimiento de los estándares fijados por la Corte Constitucional
en las sentencias T-080. T-236 y T-300 de 2017.
Señaló que
frente a la aspersión aérea, el Gobierno Nacional, para cumplir las sentencias
del alto tribunal, debería presentar un programa de "acciones y
compromisos, entre los que se incluyan aspectos como: (i) definición de una
instancia técnica e internacional de vigilancia y acompañamiento,
preferiblemente un organismo de carácter científico con reconocimiento
institucional en el ámbito de Naciones Unidas, (ii) establecimiento de un
programa de participación ciudadana y diálogo con las instituciones, en todas
la etapas del proceso, (iii) adopción de una plataforma efectiva para recibir y
responder oportunamente peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos y las
poblaciones potencialmente afectados, (iv) programa de actualización de las
institucionalidad administrativa, para que se diferencien los operadores que
regulan la política contra las drogas, de aquellos que la ejecutan, (v) presentación
de un programa exhaustivo de mitigación de riesgos asociados a la aspersión,
(vi) adopción de mecanismos ágiles que permitan responder a situaciones de
emergencia y realizar valoraciones temporales sobre los impactos del herbicida,
(vii) propuesta a la Corte Constitucional sobre un mecanismo de reporte
periódico que, con adecuada base científica, permita a esta tomar decisiones
inmediatas de suspensión, ajuste, modificación u otras en relación con las
estrategias adoptadas por el Gobierno, dándole flexibilidad y oportunidad a la
toma de decisiones y al control sobre sus efectos".
Para el
Viceprocurador General “es necesario que se busquen garantías admisibles que
equilibren seguridad nacional y lucha contra la criminalidad, frente a los
derechos a la salud y el ambiente sano de las poblaciones y grupos étnicos, en
la ruralidad” e hizo un llamado al
Gobierno Nacional para que la hoja de ruta se traduzca en acciones articuladas
y coordinadas interinstitucionalmente, a nivel central y territorial.
En este
sentido, advirtió que actualmente las políticas de erradicación voluntaria y
forzosa están desarticuladas porque “se estructuran con metas basadas en la
erradicación y no en la transformación territorial, ni en la sostenibilidad de
la intervención”.
Así mismo,
precisó que los beneficios de la sustitución voluntaria frente a la
erradicación forzosa son múltiples. La primera genera desarrollo en los
territorios y fuentes de ingreso permanente para las familias, y la segunda, es
necesaria para el control del crecimiento de los cultivos de coca en el
país.
Aseguró
además que la presión del Estado debe aplicarse sobre todos los eslabones de la
cadena de manera simultánea, sin olvidar los problemas de las familias
colombianas dedicadas al cultivo (llamados eslabones débiles de la cadena del
narcotráfico).
“La demanda
inelástica y la flexibilidad con que pueden adaptarse y trasladarse los
cultivos y las estructuras de procesamiento, hacen que la cadena de producción
y exportación de cocaína se recupere rápidamente en el momento en que la
presión cesa. En este sentido, pareciera que la capacidad de respuesta de las
organizaciones criminales es mucho más rápida que la de las autoridades
encargadas de combatirlas”.
Finalmente,
el Viceprocurador lamentó que los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte de
Santander, Cauca y Caquetá sean las regiones más afectadas por la presencia de
cultivos ilícitos, territorios donde también hay más pobreza y asesinatos a
líderes sociales. Foto: Prensa PGN.
(Ajuste de
contenido y diagramación: Bersoahoy.co)
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