Bogotá, septiembre de 2023. – Enfoques precisos y definidos, dejó para el controvertido proyecto de ley de reforma a la educación, un foro liderado por varios sectores especializados en el tema.
El Politécnico Grancolombiano lideró un espacio de análisis
constitucional sobre el proyecto de ley estatutaria a la educación. En el
encuentro participaron Jaime Cataño, especialista en derecho educativo; Hernando
Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia; Nilson
Pinilla, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la corte
constitucional; y Andrés Riascos, asesor jurídico del Ministerio de
Educación Nacional.
El proyecto de ley fue radicado hace unos días por el Gobierno Nacional
y cuenta con 36 artículos distribuidos en 6 capítulos. “Este es un proyecto de
ley que tiene una exposición de motivos extensa, en donde lo que se ve
reflejado es una estructura que ya la Corte Constitucional ha definido como los
principios mínimos. Debe haber, entonces, unas protecciones y recursos especiales,
en especial a la educación privada, ya que en los últimos días se ha dado un
tipo de pánico en algunos rectores en cuanto a la autonomía universitaria de
admisión de estudiantes, que puede cambiar al considerarse un derecho
fundamental”, explicó el señor Jaime Cataño. |
Hernando Herrera
Pte Corp. Excelencia |
Sin embargo, ha recibido fuertes críticas, principalmente porque el
proyecto incluye una serie de facultades extraordinarias que se le otorgan al
presidente Gustavo Petro; además, expertos del sector afirman que esta ley, en
caso de aprobarse, anulará el principio de autonomía universitaria, limitará la
oferta privada y establecerá la obligatoriedad de los grados 12 y 13 con los
que cuentan las Escuelas Normales.
La discusión se centró en entender los alcances del proyecto de ley e
identificar si
verdaderamente es necesaria una ley estatutaria. Para el señor Nilson Pinilla,
expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, la Constitución
Política de Colombia ya consagra la educación como un derecho fundamental e
igualitario, por eso afirma que no considera necesaria esta ley: “el
proyecto es excelente, recoge todas las inquietudes que hay, pero no es
necesario porque hoy en día nadie discute que la educación sea un derecho
fundamental, eso fue definido por la Corte Constitucional y con la Ley 30 de
1992 se logró un desarrollo, ahora lo que se debe buscar es que se cumpla”.
Pero Andrés Riascos, representante del Ministerio de Educación
Nacional afirmó que están convencidos de la necesidad de esta ley, entendiendo
que, no hay una norma que desarrolle los aspectos básicos que desarrolla la
educación como derecho fundamental. “Este vacío tenía que llenarse de alguna
manera y en cierto sentido lo ha ido llenado la corte a través de sus
sentencias. El inconveniente es que, a pesar de estos esfuerzos, puede ser
difícil de entender para el ciudadano común cómo navegar a través de las
sentencias para encontrar aquella que se necesita”.
Por su parte el señor Hernando Herrera, sostuvo: “el verbo rector no debe ser reformar, sino
vigilar, porque en el país se ha hecho curso reciente en reformar lo que viene
funcionando bien y no hacer nada frente a lo que requiere un mejoramiento. Se
debe entender que la autonomía universitaria genera una educación de alto nivel
y eso es lo que se debe vigilar. Esa autonomía es necesaria para lograr una
mayor competencia y no es solo un derecho a favor de los estudiantes, sino que
es una protección constitucional para las instituciones”.
¿Qué presenta la ley según el Ministerio de
Educación Nacional?
El asesor jurídico del Mineducación, Andrés Riascos, explicó que este
proyecto parte de entender la educación como un derecho fundamental. Al ser una
ley estatutaria y lo que el Gobierno busca es construir una norma que brinde
los mecanismos para que ese derecho a la educación tenga las herramientas
necesarias. Esto requiere de unos consensos mayores en materia política, pero
que además logre perdurar en el tiempo, lo que significa que los acuerdos
tienen que ser lo suficientemente debatidos y bien planeados para que no se
quede obsoleta en corto tiempo.
Explicó que en el proyecto además se encuentran dos principios básicos: la
equidad y la pertinencia. Equidad de acceso y pertinencia de la educación
en las distintas regiones del país, tanto desde el punto de vista de
contenidos, como de las personas y los territorios. Esto lo que busca es que la
educación se adecúe a las necesidades de los colombianos.
La ley va a tener una implementación gradual. “Tenemos que ser
conscientes que esto tiene unas limitaciones presupuestales y de contexto,
porque garantizar un derecho cuesta y hay que buscar cómo asumirlo. Sin
embargo, no todo es dinero, es un proceso progresivo en el que nuestro sistema
tiene ampliar la cobertura y las instituciones de todos los niveles deben
contribuir con el Estado”, afirmó.
¿Qué pasa con la educación privada?
La limitación de la oferta privada es una de las principales
preocupaciones en el sector. Ante esto, los expertos explicaron que el Estado
debe no solo garantizar el acceso a una educación pública de calidad, sino
también apoyar a las instituciones privadas, fortalecer la investigación
científica y ofrecer capacidades para su desarrollo. “Pienso que en lugar de
pensar en estatizar e institucionalizar la educación, el Estado debe cumplir
con la educación constitucional, apoyando a las universidades para que puedan
ofrecer más cupos a los estudiantes”, afirmó el Dr. Pinilla.
En cuanto al reto de ampliar la cobertura
El representante del Ministerio de Educación Nacional planteó en la
discusión una cifra clave: solo el 54 % de los colombianos tienen acceso a
educación superior. ¿qué pasa con el resto de las personas? “Esto es trágico e
implica que muchos colombianos no pueden desarrollar su proyecto de vida como
quisieran porque no tienen la oportunidad. Con esta ley buscamos fijar unos
compromisos para que la educación sea un derecho y eso no se va a solucionar al
día siguiente de aprobar la ley, pero sí nos va a dar un marco para avanzar en
ese sentido”.
Ante esto, el Dr. Hernando Herrera planteó la necesidad de esta
cobertura desde una progresividad, intentando evitar una desmejora
principalmente en la educación superior, entre otras porque las mismas
universidades han dicho que es posible que la generación de nuevos cupos no
tenga las características de rigor para la alta exigencia académica. “La
cobertura también implica que nuestro sistema mixto no se desmejore, que se
respete los límites de la universidad pública, sin afectar el desarrollo de la
universidad privada”.
¿Qué pasa con el financiamiento?
Uno de los aspectos clave en la discusión el proyecto de ley ha sido el
relacionado con la función del ICETEX. Para Hernando Herrera, la propuesta
eliminaría la función del ICETEX de financiar a quienes no tienen recursos y lo
que se debe buscar es garantizar la elección de acceso del estudiante. Entre
tanto, para el Nilson Pinilla, el Estado debe destinar más presupuesto a la
educación para que haya más cupos en las universidades públicas, además de
fomentar más el trabajo de las universidades privadas.
Arturo Acosta, presidente del Consejo de Delegados del Politécnico
Grancolombiano concluyó el encuentro afirmando que “aparentemente el objetivo
es tratar de proteger el derecho a la educación, pero dependiendo de los
calificativos que le pongan a ese derecho, puede ser que abra o cierre el
compás hacia la participación del sector privado en la educación, y puede ser
que abra o no el compás frente a la autonomía universitaria”.
Fuente: Prensa del Politécnico grancolombiano - Laura Ximena Orjuela
Jefe de Prensa
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