El movimiento representa un contundente manifiesto de respaldo a la
postura del Gobierno nacional, con más de 800 firmantes, entre economistas,
sindicatos, organizaciones sociales, centros de pensamiento, ministros y
congresistas. La publicación de esa carta abierta expresa su “profunda
preocupación" por las recientes decisiones de la Junta Directiva del Banco
de la República.
El documento respalda las críticas del presidente Gustavo Petro, al
señalar que el aumento de la tasa de intervención al 11,25% sitúa la tasa real
en su punto más alto en lo que va del siglo XXI (5,96%), una medida que
consideran desconectada de la realidad productiva del país.
Según los firmantes, el endurecimiento de las tasas es una reacción
directa al aumento del salario mínimo, lo que evidencia que el Emisor está
actuando como un “representante político de los rentistas".
Denuncian que, en la disputa entre capital y trabajo, las medidas
favorecen a los tenedores de títulos y acreedores, mientras asfixian
financieramente a los hogares, a las pequeñas empresas y a las iniciativas de
la economía popular.
“La política del Banco de la República favorece a rentistas y castiga
a los trabajadores", señala la carta. El respaldo ciudadano subraya
que no existe justificación técnica para responder con alzas severas a una
inflación originada por choques de oferta y costos externos.
La carta cuestiona la efectividad de la política contractiva frente a
problemas que el crédito no puede resolver: “Castigar el crédito no desatasca
puertos, no abarata fertilizantes ni reduce la dependencia importadora",
se lee en el texto.
Por el contrario, advierten que estas decisiones exacerban los problemas
estructurales de la economía colombiana al frenar la inversión necesaria para
fortalecer el aparato productivo nacional.
Uno de los puntos más críticos de la comunicación es la exigencia de
transparencia sobre los “costos distributivos" que el Banco de la
República impone a la sociedad.
Sostienen que un debate democrático serio requiere que el país conozca
no solo los beneficios teóricos de controlar la inflación, sino quiénes están
pagando el costo social de enfriar la economía.
Asimismo, la carta advierte sobre una alarmante falta de coordinación
entre el Emisor y el actual Plan Nacional de Desarrollo. Al respecto indica que
mientras el Gobierno nacional impulsa una transformación productiva orientada
al agro, la industria y el turismo, la política monetaria opera en sentido
contrario, bloqueando el financiamiento del desarrollo.
El documento cita el informe 'El modelo económico está cambiando', del
Centro de Pensamiento Vida, señalando que la actual estrategia del Banco
protege el status quo rentista y extractivo que el país busca superar.
En cuanto a la naturaleza institucional del Banco, la sociedad civil es
enfática: la independencia constitucional no es un cheque en blanco para
actuar de espaldas a la ciudadanía. “El Banco podrá ser independiente del
Ejecutivo, pero no puede ser independiente de la deliberación pública ni del
control democrático", señala el manifiesto.
Los firmantes exigen que ninguna institución, por técnica que sea, se
sitúe por fuera del debate público, especialmente cuando sus decisiones afectan
directamente la distribución del ingreso y el bienestar general.
Finalmente, el documento hace un llamado urgente a abrir una discusión
plural y democrática sobre la política monetaria en Colombia. Proponen
reorientar el debate hacia una estrategia articulada que garantice la
democratización del crédito y la generación de empleo.
Este respaldo masivo fortalece la tesis del presidente Petro sobre la
necesidad de que el Banco de la República se sintonice con los objetivos
nacionales de justicia social y transformación productiva, dejando atrás el
modelo especulativo que ha imperado en las últimas décadas.
Carta abierta sobre la política monetaria del Banco de la República
(Fin/mac/fca)
Fuente: Prensa Presidencia de Colombia.
