En el marco de su política de reindustrialización y defensa de la
producción nacional y con fundamento en el análisis técnico del Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A), el Gobierno del
presidente Gustavo Petro adoptó una medida consistente en un arancel del 35 % a
la importación de 14 productos del sector siderúrgico y metalmecánico
provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales
vigentes.
Esta decisión se enmarca en un contexto internacional caracterizado por
excedentes productivos y distorsiones estructurales de precios en el mercado
del acero, que han dado lugar a la adopción de más de 200 medidas de defensa
comercial por parte de cerca de 40 países, de acuerdo con la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
La medida tiene un carácter estrictamente focalizado. Aplica exclusivamente
a importaciones provenientes de países con los que Colombia no tiene
acuerdos comerciales vigentes, por lo que se preserva plenamente el
abastecimiento desde socios estratégicos con tratados de libre comercio,
garantizando la continuidad de la oferta para sectores como la construcción y
la industria.
Desde el punto de vista productivo, Colombia cuenta con una capacidad
instalada para producir cerca de 2,6 millones de toneladas de acero al año,
frente a una producción aproximada de 1,6 millones de toneladas, lo que
evidencia un margen importante para fortalecer la industria nacional.
En efecto, durante 2025 las importaciones de estos productos alcanzaron
134.928,7 toneladas por un valor de US$124,6 millones, principalmente desde
China, así como desde Turquía, Rusia, Brasil, Perú, Venezuela y Estados Unidos.
En contraste, las exportaciones fueron de 16.238,8 toneladas por US$32,2
millones, reflejando un desbalance significativo en el comportamiento del
mercado.
Preservar esta capacidad es estratégico para el país, no solo en
términos de desarrollo industrial sino también para la estabilidad del mercado
interno, la reducción de la dependencia externa y la protección del empleo.
El encadenamiento siderúrgico y metalmecánico representa más de
50.000 empleos directos e indirectos, dinamiza miles de proveedores y
constituye un pilar para sectores clave como la infraestructura, la vivienda,
la movilidad y la transición energética.
Colombia no solo tiene capacidad para abastecer su demanda interna, sino
también una capacidad exportadora relevante. Históricamente, mercados
regionales como Venezuela y Panamá han sido destinos importantes para productos
siderúrgicos colombianos.
La reactivación reciente del comercio con Venezuela evidencia ese
potencial, aunque también refleja las limitaciones estructurales que ha
enfrentado el comercio bilateral en los últimos años, asociadas a restricciones
financieras, logísticas y a disrupciones en el flujo normal de bienes entre
ambos países.
En ese sentido, fortalecer la producción nacional no solo permite
atender el mercado interno, sino también recuperar y ampliar la presencia de Colombia
en mercados regionales, en condiciones de mayor estabilidad y previsibilidad,
reiteró la ministra.
En el análisis técnico de la medida, se evaluó de manera específica su
impacto sobre los costos de la vivienda. Los resultados evidencian que no se generan
afectaciones significativas, dado que el mercado mantiene múltiples fuentes de
abastecimiento en condiciones de competencia.
Adicionalmente, la industria siderúrgica colombiana presenta ventajas
comparativas en materia ambiental. El acero producido en el país registra una
intensidad de emisiones de CO₂ por tonelada inferior al promedio mundial,
gracias al uso intensivo de material reciclado y a procesos más eficientes en
términos energéticos.
La medida cuenta con un respaldo amplio del sector productivo. Más de
150 empresas han manifestado su apoyo, reconociendo la necesidad de corregir
distorsiones de precios, enfrentar prácticas de competencia desleal y
preservar capacidades productivas estratégicas para el país.
Proteger la industria nacional no es un acto de cierre, es una decisión
de política pública orientada a defender el empleo, fortalecer la base
productiva y garantizar condiciones de competencia equitativas. El acero es un
insumo esencial para la transformación productiva del país, y su sostenibilidad
es clave para avanzar en la transición energética, en la infraestructura y en
la integración regional”, concluyó la ministra.
La medida rige desde la fecha de su publicación y tendrá una duración inicial de un año.
Fuente: MinCIT. Fotos: Envato.
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