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El superintendente explica a los periodistas
sobre los evidentes y delicados hallazgos |
Bogotá, 6 de junio de 2024. – Gravísimos hallazgos en las Eps intervenidas, hicieron los investigadores de la Supersalud, durante las primeras indagacione.El superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, dio a
conocer algunas de las principales situaciones encontradas a la fecha por parte
de los agentes interventores en tres de las EPS sobre las que se ordenó
recientemente medida de intervención forzosa administrativa para administrar.
El funcionario explicó que lo reportado por cada uno de los agentes
interventores robustece las decisiones tomadas por parte de la Superintendencia
respecto a cada una de las EPS aludidas, y revela parte de la realidad de cada
una de estas EPS.
Estos son algunos de los temas reportados a partir de los informes
preliminares y planes de trabajo presentados por cada agente interventor.
EPS Sanitas
Gastos administrativos
El interventor encontró gastos al cierre de la vigencia 2023 por 104.226
millones de pesos en operación de centros médicos. Al respecto, el
Superintendente Nacional de Salud aclaró que ese tipo de inversiones las debe
hacer la misma institución prestadora de servicios de salud (IPS) y no la EPS,
sobre todo cuando esos centros médicos pertenecen al mismo conglomerado o
grupo.
Esto es lo que se conoce como integración vertical, puesto que se
estaban asumiendo gastos que no corresponden a las IPS a las cuales ya se les
estaba pagando por la atención de pacientes.
El informe del interventor detalla también la firma de múltiples
contratos sin una finalidad específica o algún tipo de beneficio para Sanitas.
Análisis de la situación en salud y caracterización
de la población
El informe del interventor reveló que no se detallaba la distribución
de la población afiliada en la red de servicios de salud, la oferta actual de
servicios, la capacidad instalada de los prestadores, ni las brechas en la
oferta de servicios.
Además, falta el análisis de las condiciones sociales, económicas y de
calidad de vida, la descripción de patologías de alto costo, los programas de
intervención y la implementación de criterios para la priorización.
Esto puede afectar la capacidad de la EPS para responder adecuadamente a
las necesidades de sus afiliados y mejorar la calidad y eficacia de la atención
en salud.
Contrato suministro y dispensación de medicamentos
El interventor informó que Sanitas EPS firmó un contrato con una
cláusula de exclusividad en favor de la contratista, que impide a la EPS el
suministro, dispensación o abastecimiento de medicamentos a sus afiliados
directamente o mediante otros proveedores, salvo que la contratista lo
permitiera de forma transitoria.
No obstante, en el mismo contrato se definió la posibilidad de
subcontratar con otros operadores. La operación del contrato, incluyendo la
cesión del recaudo de copagos y cuotas moderadoras. Lo anterior conlleva a que
la EPS Sanitas se encuentra limitada en su capacidad de operar y gestionar la
distribución de medicamentos e insumos médicos.
Nueva EPS
Pasivos ocultos
De acuerdo con el acta de toma de posesión levantada y entregada al
interventor por la Supersalud al momento de la toma de posesión de la EPS, se
hallaron 12.645.762 registros de facturas radicadas en proceso de auditoría,
por valor de más de 4,4 billones de pesos.
Estas obligaciones no fueron incluidas en los estados financieros que
acumulan un valor de 5,7 billones, de acuerdo con lo encontrado por la firma
contralora.
La aparición de estos registros multiplica la deuda de esta EPS.
No contaban con reportes por parte de los
prestadores
El interventor indicó que la EPS hacía pagos a los prestadores de
servicios de salud; sin embargo, desconocía si estos estaban o no prestando
verdaderamente la atención, puesto que no pedía reportes, especialmente en lo
concerniente a la promoción y prevención en materia de salud.
En el primer trimestre de 2024, la suficiencia de la red fue del 87.7%
con brechas del 12.3%. Este comportamiento obedece a la baja capacidad
resolutiva, falta de oportunidad en la prestación o a problemas de
accesibilidad.
De acuerdo con el informe de accesibilidad de tutelas y PQR, el
interventor manifestó que los departamentos con mayor dificultad en la
prestación son: Cundinamarca y Distrito Capital, Antioquia, Valle del Cauca,
Santander, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Huila.
Pese a que existe contratación del 100% de las atenciones de la ruta de
promoción y mantenimiento de la salud, se evidencian para la vigencia 2023 las
más bajas coberturas en los siguientes programas: cobertura de toma de tamizaje
para cáncer colorrectal: 23.2%, porcentaje de mujeres con uso de método
anticonceptivo: 28.5%, cumplimiento de consulta de planificación familiar:
26.8%, cobertura de toma de tamizaje para cáncer de próstata: 32.4% y cobertura
de toma de tamizaje para cáncer de mama: 37.8%
Incremento en el gasto médico
El interventor señaló que entre las vigencias 2022 y 2023 el gasto
médico dentro de la Nueva EPS se incrementó en un 58 %, producto de los ajustes
realizados a las reservas técnicas, lo que generó un indicador de
siniestralidad del 118,93%. De acuerdo
con lo que revela el mismo informe, los resultados en esta EPS son cada vez
peores.
Registro inconsistente de anticipos
La Contralora designada para el seguimiento de la intervención también
informó sobre inconsistencias en el registro de los anticipos otorgados a
prestadores y proveedores de la EPS.
En el mes de marzo de 2024 se reportaron para legalización facturas de
anticipos otorgados desde 2008 hasta la fecha.
EPS SOS – Servicio Occidental de Salud
Concentración del nivel primario
Una de las observaciones más significativas por parte del agente
interventor tiene relación con el riesgo de la EPS en la concentración del
nivel primario en cabeza de un prestador (Comfandi) que, además, tiene la
condición de vinculado, lo que hace y hará más difícil su evaluación de
eficiencia.
Baja ejecución de los contratos por la modalidad de Pago Global
prospectivo
El interventor manifestó que para los contratos PGP suscritos con la
prestadora COMFANDI, se determinó una baja ejecución durante el periodo agosto
2023 y marzo de 2024 del 82.35%, lo que equivale a $19.629 millones, además de
bajos desempeños en los periodos anteriores de las vigencias contractuales, sin
haberse realizado los recobros correspondientes.
Respecto de los recursos a recobrar por servicios prestados por otras
IPS y que estaban con cargo al contrato de PGP, existe dificultad de realizarlo
por inconsistencias en el contrato actual, ya que en el articulado lo permite,
para los meses del contrato actual; el valor a recobrar sería de más de 14 mil
millones, según reportó el área de Auditoría de la EPS.
“Todos estos hallazgos requieren de un análisis mucho más profundo, que
vamos a evaluar junto al plan de trabajo presentado por cada interventor. Como
Superintendencia tenemos la responsabilidad de verificar que se cumpla ese
plan. Vamos a hacer todo para garantizar que se usen adecuadamente los recursos
de la salud para proteger la vida de las personas", afirmó Leal Angarita.
Fuente: Prensa presidencia de Colombia.
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