Bogotá, 24 de enero de 2025. – En estado de conmoción interior fue declarada la región del Catatumbo, a raíz de los hechos violentos que han propiciado los grupos armados. El presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial firmaron el
decreto 0062 del 24 de enero de 2025, en el que se declara la medida en los
municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y
González del departamento del Cesar”.
En la norma, el Gobierno nacional sustenta la facultad que le otorga la
Constitución Política en su artículo 213, que establece: “en caso de grave
perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la
estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana,
y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de
las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de
todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior (…)”.
Con base en las facultades constitucionales, el Gobierno queda
habilitado para “dictar decretos legislativos en aras de conjurar las causas de
la perturbación al orden público e impedir la extensión de sus efectos, para lo
cual podrá, entre otras, suspender las leyes incompatibles con este estado de
excepción”.
La decisión del presidente Gustavo Petro fue adoptada debido a la
situación de orden público que se registra en la zona del Catatumbo, donde el
Eln y disidencias de las Farc mantienen combates, que han generado asesinatos
selectivos, muerte de civiles y desplazamiento masivo de la población.
Por esta razón, el decreto determinó declarar la conmoción interior “por
el término de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto, en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del
departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios
de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La
Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los
resguardos Motilón Barí y Catalaura, La Gabarra, así como en el área
metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental
y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patíos, El
Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y
González del departamento del Cesar”.
En las consideraciones del decreto se recordó que el Gobierno, en el
marco de la política de Paz Total, “ha incentivado y promovido la presencia y
las ofertas institucionales en la región del Catatumbo, mediante programas
dirigidos a la sustitución de los cultivos ilícitos y la vinculación a
actividades de economía productiva legal, entre otros”.
Dice además que de acuerdo con informes oficiales “los municipios de
Norte de Santander pertenecientes a la región del Catatumbo concentraban 43.178
hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 63,3 % (27.329 hectáreas)
estaban ubicadas en los municipios de Sardinata y Tibú; así mismo, que, desde
entonces, dichos cultivos se han incrementado, habida cuenta de la reactivación
del mercado de la coca para fines ilícitos”.
Y continúa: “El Eln ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la
población civil y, especialmente, contra los firmantes del acuerdo final de paz
en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con
los recursos provenientes de las actividades y economías ilegales en esta
región”.
La norma anota que “desde el 16 de enero de 2025, la grave perturbación
del orden público en la región del Catatumbo se ha intensificado como
consecuencia del despliegue militar, las hostilidades y las operaciones armadas
del Eln en contra de la población civil y las instituciones, lo que ha generado
una grave e imprevisible crisis humanitaria que compromete, entre otras, a
poblaciones especialmente vulnerables como el pueblo indígena Barí, líderes
sociales, niños, niñas y adolescentes, campesinos y campesinas”.
“Que, según la información reportada por las autoridades territoriales
en los Puestos de Mando Unificados, en el marco de la escalada de violencia y
con corte al 21 de enero de 2025, se han confirmado 381 homicidios (incluidos 5
firmantes del acuerdo final de paz), sin que sea posible descartar la
existencia de un número mayor de víctimas mortales ante las extremas
dificultades que enfrentan las autoridades para la recolección e identificación
de cuerpos en las zonas más afectadas por la confrontación, así como múltiples
casos de I lesiones personales y desapariciones forzadas”, dice la norma.
Con respecto al desplazamiento forzado, se denuncia que, de acuerdo con
la información proporcionada por el Comité de Justicia Transicional, con corte
a 22 de enero de 2025, “el consolidado de la población desplazada forzadamente
es de 36.137 personas. En contraste, durante todo el año 2024 el RUV (Registro
Único de Víctimas) reportó un total de 5.422 desplazados forzadamente” y
recuerda que, con corte a 21 de enero de 2025, del total de personas
desplazadas forzadamente, 16.482 se encuentran resguardadas en albergues y
refugios ubicados en distintos municipios de Norte de Santander.
De la misma manera, se refiere al informe del ministerio de Relaciones
Exteriores, en el sentido de que, debido a la situación de orden público, entre
el 17 y el 19 de enero pasado hubo un flujo migratorio hacia Venezuela que
alcanzó las 700 personas diarias; y que los días 20 y 21 de enero de 2025 se
presentó una leve disminución a cerca de 400 personas por día.
Hasta el 21 de enero, la Alcaldía de Cúcuta ha atendido a 15.086
personas como consecuencia del escalamiento de las hostilidades y los ataques a
la población civil en la región del Catatumbo; además, en los municipios de
Tibú, Teorama y San Calixto se presenta el confinamiento de 7.122 personas y
que, en general, los municipios receptores de población víctima del conflicto
afrontan desbordamiento institucional, lo cual afecta negativamente su
capacidad de protección de derechos de esta población.
Ante esta situación, el decreto advierte sobre las dificultades que
existen en la atención de servicios primarios de salud, así como asistencia
humanitaria, y el riesgo en la prestación de los servicios públicos esenciales
(agua, energía y gas) porque no se han podido adelantar las labores de
mantenimiento.
“En atención a la gravedad de la situación excepcional que se vive en la
región del Catatumbo, caracterizada por el aumento de la violencia, la crisis
humanitaria, el impacto en la población civil, las amenazas a la
infraestructura crítica y el desbordamiento de las capacidades institucionales,
se hace imprescindible la adopción de medidas extraordinarias que permitan
conjurar la perturbación, restablecer la estabilidad institucional, la
seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, así como garantizar el respeto
de los derechos fundamentales”, anota la norma.
Y establece que “en estos términos, el Gobierno nacional da cuenta del
cumplimiento del presupuesto valorativo para la declaratoria de la presente
conmoción interior”.
(Fin/for)
Fuente: Prensa Presidencia de
Colombia.
Ajuste de contenido y diagramación:
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