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jueves, 24 de agosto de 2017

Protección para los pueblos indígenas, pidió el Procurador

Fuente: PGN
 “Esclarecer los hechos, prevenir nuevos eventos que pongan en riesgo su pervivencia étnica y física, y garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos fundamentales de estos pueblos”.
Autoridades de los pueblos afectados han manifestado al Ministerio Público su preocupación y han calificado estos hechos como actos de terrorismo.
Se deben activar todas las competencias de las autoridades y ser desplegadas en coordinación con las propias de los Wiwa, Kogui, Arhuacos y Kankuamos”.
Fernando Carrillo Flórez
Procurador general
Bogotá, 23 de agosto de 2013. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, hizo un llamado urgente para que se activen todas las entidades del Estado y los órganos de control competentes, y se tomen medidas que permitan esclarecer quiénes fueron los responsables de los incendios que destruyeron los lugares ceremoniales de los pueblos Wiwa y Kankuamos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
 “La Procuraduría rechaza enérgicamente estos actos y advierte que constituyen serias violaciones al derecho que tienen los pueblos indígenas a ejercer libremente y sin riesgos su especial relación con el territorio, el derecho a la supervivencia étnica y física, el derecho a su identidad cultural, a su autogobierno y a regirse por sus estructuras propias de poder. Las kankurwas y las casas ceremoniales son centros multidimensionales de los que depende la plenitud de los mencionados derechos”, señaló Carrillo Flórez.
Precisó que los líderes y autoridades de los pueblos afectados han manifestado al Ministerio Público su preocupación y han calificado estos hechos como actos de terrorismo por las consecuencias que ocasionan a sus culturas, en razón a la desaparición de sus lugares sagrados en circunstancias tan impactantes.
Solicitó especialmente a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones a las que haya lugar para llegar a la verdad de lo sucedido y tomar las medidas frente a los responsables, teniendo en cuenta además que existe preocupación por parte de los pueblos indígenas, de que estos no sean hechos aislados.
“Las garantías de no repetición son una responsabilidad del Estado. Las denuncias de los pueblos de la Sierra sobre los hechos que aquí se mencionan y sobre el regreso de actores armados irregulares a sus territorios deben activar todas las competencias de las autoridades y ser desplegadas en coordinación con las autoridades propias de los wiwa, kogui, arhuacos y kankuamos”, añadió el Procurador General de la Nación.
Recordó que la Nación colombiana no puede entenderse sin su diversidad étnica y sin las peculiaridades y riquezas de su territorio, y que la Constitución Política ordena que esta diversidad sea respetada y que se proteja la riqueza ambiental. 
La comunicación del jefe del Ministerio Público también fue dirigida a los ministerios del Interior, Defensa, Ambiente y Desarrollo Sostenible; al Alto Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad; a las gobernaciones de la Guajira, Cesar, Magdalena y Valledupar, y a las alcaldía de Dibulla y Santa Marta.
En su misiva también anunció que la Procuraduría desplegará una estrategia que incluirá una inmediata convocatoria a las autoridades competentes para promover un espacio decisiones de fondo que garanticen la seguridad integral de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Ajuste de texto y diagramación: Bersoahoy.co

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