Fuente: PGN
“Esclarecer los hechos, prevenir nuevos
eventos que pongan en riesgo su pervivencia étnica y física, y garantizar el
ejercicio pleno de todos los derechos fundamentales de estos pueblos”.
Autoridades de los pueblos
afectados han manifestado al Ministerio Público su preocupación y han
calificado estos hechos como actos de terrorismo.
Se deben activar todas las
competencias de las autoridades y ser desplegadas en coordinación con las
propias de los Wiwa, Kogui, Arhuacos y Kankuamos”.
Fernando Carrillo Flórez Procurador general |
Bogotá, 23 de agosto de 2013.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, hizo un llamado
urgente para que se activen todas las entidades del Estado y los órganos de
control competentes, y se tomen medidas que permitan esclarecer quiénes fueron
los responsables de los incendios que destruyeron los lugares ceremoniales de
los pueblos Wiwa y Kankuamos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
“La Procuraduría rechaza enérgicamente estos
actos y advierte que constituyen serias violaciones al derecho que tienen los
pueblos indígenas a ejercer libremente y sin riesgos su especial relación con
el territorio, el derecho a la supervivencia étnica y física, el derecho a su
identidad cultural, a su autogobierno y a regirse por sus estructuras propias
de poder. Las kankurwas y las casas ceremoniales son centros multidimensionales
de los que depende la plenitud de los mencionados derechos”, señaló Carrillo
Flórez.
Precisó que los líderes y
autoridades de los pueblos afectados han manifestado al Ministerio Público su
preocupación y han calificado estos hechos como actos de terrorismo por las
consecuencias que ocasionan a sus culturas, en razón a la desaparición de sus
lugares sagrados en circunstancias tan impactantes.
Solicitó especialmente a la
Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones a las que haya
lugar para llegar a la verdad de lo sucedido y tomar las medidas frente a los
responsables, teniendo en cuenta además que existe preocupación por parte de
los pueblos indígenas, de que estos no sean hechos aislados.
“Las garantías de no
repetición son una responsabilidad del Estado. Las denuncias de los pueblos de
la Sierra sobre los hechos que aquí se mencionan y sobre el regreso de actores
armados irregulares a sus territorios deben activar todas las competencias de
las autoridades y ser desplegadas en coordinación con las autoridades propias
de los wiwa, kogui, arhuacos y kankuamos”, añadió el Procurador General de la
Nación.
Recordó que la Nación
colombiana no puede entenderse sin su diversidad étnica y sin las
peculiaridades y riquezas de su territorio, y que la Constitución Política
ordena que esta diversidad sea respetada y que se proteja la riqueza
ambiental.
La comunicación del jefe del
Ministerio Público también fue dirigida a los ministerios del Interior,
Defensa, Ambiente y Desarrollo Sostenible; al Alto Consejero para el
Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad; a las gobernaciones de la Guajira,
Cesar, Magdalena y Valledupar, y a las alcaldía de Dibulla y Santa Marta.
En su misiva también anunció
que la Procuraduría desplegará una estrategia que incluirá una inmediata
convocatoria a las autoridades competentes para promover un espacio decisiones
de fondo que garanticen la seguridad integral de la Sierra Nevada de Santa
Marta.
Ajuste de texto y diagramación: Bersoahoy.co
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