 |
| Alejandro Ordóñez Procurador |
La Procuraduría General de la
Nación celebra el fin del secuestro del general
Rubén Alzate Mora, el cabo Jorge Contreras Rodríguez y la abogada Gloria
Urrego. Del mismo modo, la liberación de los soldados profesionales Paulo César
Rivera y Jonathan Díaz.
Al respecto, realiza la
siguiente declaración a la opinión pública:
El principal enemigo del
proceso de paz son las FARC. El secuestro, los atentados terroristas, el
reclutamiento de niños, el asesinato de soldados y policías, entre otras
demostraciones de barbarie, no permiten construir confianza ciudadana en el
proceso de La Habana y hace cada vez más difícil que la sociedad colombiana
acepte concesiones a esa organización criminal.
Las liberaciones no son un
acto de paz ni demostración alguna de buena voluntad de los secuestradores de
las FARC. No merecen ningún
reconocimiento, sino la dura condena de la sociedad colombiana y de la
comunidad internacional, por ser prueba de la decisión de la guerrilla de
mantener el secuestro como política del grupo. Jamás los debieron
secuestrar.
Las FARC debe renunciar al
secuestro contra civiles y miembros de la fuerza pública de manera absoluta,
liberar las personas que permanecen en su poder y decir la verdad sobre las
miles que secuestraron, luego asesinaron y finalmente desaparecieron.
La Procuraduría insiste en la
necesidad de que el Gobierno Nacional aproveche el reinicio de las
conversaciones en La Habana para corregir inmediatamente los problemas de
diseño del proceso de paz, derivados de negociar mientras las FARC mantiene el
narcotráfico y acciones terroristas contra los colombianos. Es indispensable el
cese de acciones criminales de la guerrilla.
La Procuraduría reitera el respaldo a la decisión del Gobierno Nacional de no caer en la trampa de las FARC de un cese bilateral de hostilidades. Así mismo, subraya que el llamado “desescalamiento” no debe comprender medidas que detengan o disminuyan las operaciones militares y los operativos de policía en contra de las FARC. Tampoco deben restringir el empleo de todas las capacidades de la fuerza pública en su combate. El “desescalamiento” no se puede convertir en un “cese bilateral disfrazado”. Para llegar a la paz el momento requiere más firmeza y respaldo a los soldados y policías.
La Procuraduría reitera el respaldo a la decisión del Gobierno Nacional de no caer en la trampa de las FARC de un cese bilateral de hostilidades. Así mismo, subraya que el llamado “desescalamiento” no debe comprender medidas que detengan o disminuyan las operaciones militares y los operativos de policía en contra de las FARC. Tampoco deben restringir el empleo de todas las capacidades de la fuerza pública en su combate. El “desescalamiento” no se puede convertir en un “cese bilateral disfrazado”. Para llegar a la paz el momento requiere más firmeza y respaldo a los soldados y policías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario