Declaración del Jefe de la
Delegación del Gobierno, Humberto de la Calle
La Habana, Cuba , jueves, 12
de mayo de 2016 SIG - SIG
En el día de hoy hemos logrado
un nuevo Acuerdo en la Mesa de La Habana.
 |
| Humberto de la Calle |
Como se acaba de anunciar el
acuerdo tiene como objetivo brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo
Final; asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento de este
Acuerdo. Y lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional
pero aplicando al mismo tiempo los procedimientos internos propios del Estado
de Derecho.
Toda negociación entre un
Gobierno y una guerrilla enfrenta el mismo problema: un acuerdo de paz es un
acuerdo político. Requiere de medidas adicionales para darle solidez y
estabilidad en el tiempo.
Esas medidas incluyen una
refrendación popular, que aún no ha sido pactada en La Habana, y una serie de
instrumentos jurídicos que permiten la introducción en el ordenamiento jurídico
colombiano del acuerdo de paz.
Se trata entonces de construir
una ruta compleja de formalización jurídica del Acuerdo Final que se basa en
las instituciones de nuestra democracia y se apoya en diferentes instancias
internacionales para darle mayor solidez.
El Acuerdo Final, una vez que
se firme y entre en vigor, tendrá la categoría de Acuerdo Especial en los
términos del artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra. Esto quiere decir que
tanto el Gobierno como las FARC comparten una idea crucial: la mejor forma de
garantizar la vigencia de los Derechos Humanos e impedir nuevas violaciones a
causa del conflicto interno es poner fin al mismo. Lo que buscamos en La Habana
es terminar la guerra. Terminar la guerra es el mejor modo de garantizar los
Derechos Humanos de los colombianos.
A la vez, como se trata de
cumplir con el mandato constitucional sobre la garantía del derecho a la paz,
el Acuerdo Final ocupará un lugar privilegiado en el marco constitucional:
ingresará al llamado Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto y con
carácter transitorio. Es decir, servirá como parámetro de constitucionalidad
para el desarrollo y la interpretación de las normas de implementación de los
acuerdos.
Esta decisión tiene enormes
implicaciones. Por un lado, el Gobierno garantiza que cumple con la palabra
empeñada. Y cumple, utilizando el más alto nivel jurídico, esto es, dándole al
Acuerdo Final la relevancia extraordinaria que implica la terminación de la
guerra, la apertura de una etapa de consolidación de la paz, y proponiendo
formalmente al Congreso, que desde su legitimidad dictamine mediante el Acto
Legislativo que se está discutiendo en estos momentos, que se apruebe este
acuerdo.
Y desde la perspectiva de las
FARC, igualmente además de darle la bienvenida a estas ideas, aceptan que a
ellas se les dé el trámite dispuesto en el ordenamiento constitucional
colombiano.
De igual modo y para atender
la idea de que las víctimas están en el centro de nuestra misión, el
procedimiento legislativo especial que está siendo discutido en el Congreso, se
aplicará para incorporar al ordenamiento constitucional expresamente el Acuerdo
Final y en particular el punto de Víctimas, acordado el pasado 15 de diciembre
de 2015.
Se trata, en consecuencia, de
un Acuerdo equilibrado que brinda seguridad jurídica a lo acordado, algo que
conviene a todos, a las FARC, al Gobierno, a las víctimas y a los responsables
de delitos. Y, a la vez, se utilizan los mecanismos internos que impone el
estado de derecho constitucional.
Finalmente, el Acuerdo Final
se entregará al Consejo Federal Suizo en Berna como depositario de las
Convenciones de Ginebra. Habrá también una declaración presidencial ante el
Secretario General de Naciones Unidas citando la resolución del Consejo de
Seguridad del 25 de enero de 2016, para que ese organismo de la bienvenida a lo
acordado y anexe a dicha Resolución del Acuerdo Final.
Este un Acuerdo sumamente
importante. Es un paso más en la consolidación de las conversaciones de La
Habana.
Por su parte, el Gobierno
mantiene su promesa de que los ciudadanos tendrán la última palabra. El Jefe de
la Delegación de las FARC hace pocos días abrió la puerta a una consulta
popular. Es un anuncio que registramos de manera positiva. Igualmente, la Corte
Constitucional está estudiando la ley que puso en marcha un Plebiscito para la
Paz. En todo caso, lo reafirmamos, habrá un mecanismo que garantice que los
colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado. Esa decisión
será la que desencadenará los desarrollos jurídicos antes mencionados.
Anunciamos además que seguimos
trabajando intensamente en las fórmulas para convenir el cese de fuego y
hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de armas, las zonas de
ubicación transitoria de la guerrilla y el sistema de garantías para quienes
dejen las armas y para todo el pueblo colombiano.
Queremos por último agradecer
al Congreso de la República por el extraordinario trabajo que ha realizado en
el desarrollo del Acto Legislativo que contiene el Procedimiento Legislativo
Especial y que será el instrumento para materializar lo acordado.
Confiamos en que pronto
tengamos nuevas noticias positivas para la sociedad colombiana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario