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| Foto: Mintrabajo |
La mesa de
concertación entre el sector privado, las centrales obreras y el Gobierno
Nacional avanzan en las negociaciones con la dirección de los ministerios de
Hacienda, Comercio y Trabajo, el Dane y Planeación Nacional.
Los
observadores enfatizan que el salario mínimo tiene como objetivo proteger a los
trabajadores de remuneraciones injustamente bajas, buscando una distribución
equitativa de los ingresos de las compañías. Sin embargo, con la inflación
rondando las dos cifras este año, se plantea la necesidad de un aumento
significativo para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.
En las reuniones
se analizará los datos del mercado laboral, el informe de la subcomisión de
productividad y el contexto macroeconómico, a espera de la cifra de inflación
que revelará el Dane el 7 de diciembre. El 15 de este mes es el primer plazo
para llegar a un acuerdo y el 30 de diciembre es la fecha límite para expedir y
publicar el decreto que definirá el salario mínimo y el auxilio de transporte.
Sebastián
Chacón Marín, director y docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo
Internacional del Politécnico Grancolombiano, enfatiza en que la necesidad de
equilibrar el aumento del salario mínimo con la realidad inflacionaria es
latente y advierte sobre los riesgos inflacionarios de incrementos
desmesurados.
El experto
anticipa un incremento superior al 10 %, dados los datos de inflación de los
últimos meses: “Incrementos superiores al IPC en el salario mínimo pueden tener
un efecto contrario en la economía en términos inflacionarios. Por ello,
manejar el tema con precaución es esencial para evitar afectar a quienes más
poder adquisitivo han perdido a lo largo de los años y no descuidar a los
hogares más vulnerables".
También
destaca que el debate debe contemplar la situación de los aportes para
pensiones, señalando que "el cubrimiento de la vejez debe ser equitativo,
evitando que el salario se vea afectado en términos reales. Esto se logra si
hay un equilibrio entre empleadores y empleados para asegurar un retiro digno,
especialmente en un contexto de alta inflación que puede empobrecer a la
población". Propone que el Estado participe en el ahorro pensional y que
los empleadores continúen con los aportes, siguiendo la legislación vigente.
El docente
insiste en la importancia de considerar diversas perspectivas en la negociación,
desde el empresariado hasta los sindicatos, pasando por los empleados y las
visiones técnica, gubernamental y académica. Destaca que la voz de los
sindicatos no representa a todos los empleados, e insta a revisar el impacto en
el sector productivo y a analizar el aumento inflacionario en alimentos, que
afecta principalmente a quienes reciben un salario mínimo y que experimentan
bajos índices de crecimiento económico.
Sobre la
propuesta de incrementar el salario mínimo a 2 millones de pesos eliminando
cesantías, primas y vacaciones y que el empleado pague su seguridad social,
el experto advierte que no lo ve viable ya que significaría un retroceso en los
avances que se han logrado en términos de estabilidad laboral. “Las cesantías,
las primas y las vacaciones no solo significan ingresos adicionales y por lo
tanto la dinamización de la economía, sino que también contribuyen a fortalecer
el talento humano, permitiendo la recreación y el desarrollo personal, lo que
se ve reflejado en la productividad de los empleados”. Agrega que, en términos
reales, esta propuesta disminuiría el poder adquisitivo de las personas.
Además,
subraya la importancia de prestaciones como las cesantías, que actúan como
seguro al desempleo, facilitando apoyo a la educación o la compra de vivienda.
También destaca que las primas y vacaciones no solo proporcionan ingresos
adicionales, sino que también impulsan la economía en periodos específicos del
año.
Fuente: Politécnico Grancolombiano (Laura Ximena Orjuela) Jefe de Prensa
Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co
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