Alí Bantú Ashanti |
Con la participación de 400 asistentes y más de 30 representantes de
organizaciones internacionales en derechos humanos de Canadá, Estados Unidos,
Brasil, México y países de Centroamérica, el Colectivo Justicia Racial lideró
el Primer Encuentro Nacional de Abogados y Defensores de Derechos Humanos.
El evento destacó las brechas en materia de justicia racial y social,
acentuando los graves desafíos que enfrentan las comunidades afrodescendientes
y de bajos recursos en el país.
El encuentro abordó temas críticos como la política de drogas, la
seguridad y el acceso a la justicia, subrayando las barreras estructurales y
los racismos que afectan a las comunidades afrodescendientes, y de escasos
recursos. Limitaciones que agravan los riesgos de violencia y pobreza,
exacerbando la exclusión social y restringiendo el acceso a derechos
fundamentales.
En este contexto, se enfatizó la necesidad de reconocer las
particularidades de la población afrocolombiana y adoptar un enfoque
diferencial, especialmente ante la falta de datos precisos que permitan
comprender plenamente su situación.
Un informe presentado por el Colectivo Justicia Racial reveló
cifras alarmantes: el 80% de la población afrocolombiana vive en estratos 1 y 2
en condiciones de pobreza. Además, las comunidades negras enfrentan un riesgo
3.4 veces mayor de ser encarceladas en comparación con el promedio nacional.
Las discusiones también resaltaron la ineficiencia del sistema judicial
colombiano, cuya lentitud perpetúa la impunidad y refuerza la desconfianza hacia
las instituciones. “Esta situación impacta de manera desproporcionada a las
comunidades más vulnerables, exponiendo a los jóvenes afrodescendientes a
incriminaciones injustas debido a la falta de defensa adecuada” dijo Alí Bantú
Ashanti, director del Colectivo Justicia Racial.
En los últimos tres años, el Colectivo Justicia Racial ha recibido 118 casos relacionados con
abuso de autoridad cometidos por miembros de la fuerza pública, como
homicidios, detenciones arbitrarias, tortura y privaciones injustas de la
libertad en contra de la población civil. De estos casos, el 25 % cuentan con
representación legal por parte de la organización, mientras que al 75% se les
realiza un seguimiento.
Por otro lado, cifras de la Dirección de Investigación Criminal e
Interpol revelan que, de los 13.555 homicidios intencionales registrados en
2023, 3.814 ocurrieron en la Región Pacífica, lo que refleja un indicador
alarmante de la violencia que afecta de manera desproporcionada a las
comunidades afrodescendientes.
El evento también fue una plataforma para reconocer el trabajo
incansable de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. En este
marco, se otorgaron cinco reconocimientos que exaltan su compromiso con la
defensa de la vida y los derechos en sus territorios.
El éxito de esta primera edición deja en marcha la planificación de una
segunda versión el próximo año, donde se celebrarán los Premios a la Justicia
Racial en derechos humanos, un reconocimiento al esfuerzo de quienes lideran la
lucha por la equidad y la justicia en Colombia.
Fuente: Mabel Rocio Castillo
Pineda - Prensa
Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co
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