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domingo, 15 de septiembre de 2013

Impunidad en crímenes atroces contra la humanidad: Santos

Juan Manuel Santos 
El presidente Santos, afirmó que la justicia internacional no puede ser un obstáculo para la paz y aseguró que el país no va a ignorar a las víctimas y la verdad si logra poner fin al conflicto armado.
Colombia.com  - Efe
Bogotá - sábado, 14 Sep 2013.- Durante la XXII Convención Internacional de Seguros, que se realiza en Cartagena de Indias (norte del país), el mandatario dijo que se niega a "concebir un sistema de justicia internacional que obstaculice el camino de una nación que busca, sin desatender a sus víctimas ni descuidar el derecho a la verdad, terminar un conflicto de medio siglo".
El presidente aludió a las advertencias de la Corte Penal Internacional (CPI) en el sentido de que la suspensión total de las penas a los responsables de crímenes del conflicto armado colombiano equivaldría a un perdón y podría ir en contra del Estatuto de Roma.
Dicho estatuto, que fue promulgado en julio de 1998 y ratificado por Colombia en agosto de 2002, instituyó la Corte Penal Internacional con el propósito de poner fin a la impunidad en crímenes atroces contra la humanidad y contribuir a prevenirlos en el futuro.
Entre las competencias de la CPI están las de juzgar crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, siempre y cuando la justicia nacional no lo haga.
El pasado 28 de agosto, la Corte Constitucional de Colombia avaló el llamado Marco Jurídico para la Paz, herramienta que busca regular procesos de desmovilización y su eventual aplicación si el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firman en La Habana un acuerdo que ponga fin al conflicto armado.
Diversas organizaciones de derechos humanos han criticado el Marco Jurídico para la Paz porque consideran que algunas expresiones del texto pueden dar pie a que delitos cometidos por actores del conflicto queden en la impunidad.
La semana pasada, Santos dijo que llevará al 68 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, este mes en Nueva York, la discusión sobre los límites que debe tener la justicia internacional para no ponerle obstáculos a un proceso de paz.
El presidente, que se reunió hoy en Cartagena con el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la CPI, señaló que "estamos (...) en una discusión muy interesante y enriquecedora, para lograr ese balance ideal en el que la justicia ceda un poco para que la paz sea posible".
Santos recordó que hace poco estuvo en el país la ex alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Louise Arbour, quien señaló que Colombia es tal vez el primer país en el mundo en acometer un proceso de diálogos para lograr la terminación de un conflicto interno bajo el paraguas del Tratado de Roma.
Según el mandatario, eso da a entender que Colombia es pionera en este tipo de procesos y que "si somos exitosos, otras naciones con problemas similares verán nuestro caso como una esperanza y un ejemplo a seguir". EFE

martes, 5 de junio de 2012

Si no se aprueba ley, quedarían en libertad unos 1.500 desmovilizados en Colombia

El Senador Roy Barreras, advirtió que sin esta ley, los paramilitares que no han confesado sus delitos saldrán de prisión.
Colombia.com - Bogotá - 05/Jun/2012
Foto: Archivo
La principal discusión alrededor del proyecto que deberá ser sometido a debate y votación la próxima semana se centra en la libertad que recibirían cerca de 1.500 desmovilizados y la impunidad que se daría.
El ponente de la iniciativa, el senador Roy Barreras, advirtió que sin esta ley, los paramilitares que no han confesado sus delitos saldrán de prisión.
“Llevamos 7 años de la Ley de Justicia Y Paz, la norma establecía penas de 8 años, y los desmovilizados pueden decir: bueno ya voy a cumplir 8 y ni siquiera el Estado me ha llamado, exijo que me liberen por vencimiento de términos”, alertó Barreras.
“Llevamos apenas dos sentencias en firme de 340 mil delitos y esta cifra es realmente irrisoria”, aseguró Barreras, ponente del proyecto.
En ese sentido, dijo que la prórroga a la Ley de Justicia y Paz es clave para “evitar la impunidad para principalmente garantizar la verdad para las víctimas”.

jueves, 27 de mayo de 2010

La impunidad de ejecuciones extrajudiciales en Colombia alcanza un 98,5%

La ONU denuncia el alto grado de impunidad de los militares en Colombia

La causa principal sería la política de incentivos para combatir a los grupos armados ilegales.
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BOGOTÁ, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, indicó que la impunidad de estos casos en Colombia alcanza un 98,5 por ciento y responsabilizó de este alto índice a la política de recompensas impulsada por el Gobierno para combatir a la guerrilla y los grupos paramilitares, según un informe presentado este jueves.

"La tasa actual de impunidad para los presuntos homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad --hasta el 98,5 por ciento, según algunas estimaciones creíbles-- es demasiado alto", dijo Alston quien apuntó como principal causa la ausencia de investigaciones eficaces para resolver estos crímenes y juzgar a los responsables.

El funcionario explicó que a lo largo de su estancia en el país, en junio de 2009, para la elaboración del informe pudo constatar la existencia de un patrón en estos homicidios. Según Alston, los militares se sirven de un "reclutador" para atraer a los civiles a un lugar aislado donde son ejecutados. Estas bajas se reportan al Ejército como guerrilleros caídos en combate "lo que les proporciona beneficios personales".

Sin embargo, el relator aclaró que "no se trata de una política de seguridad desarrollada por el Gobierno" aunque consideró que sí es producto de la estrategia de incentivos dirigida al estamento militar con la que se pretende agilizar la derrota de la guerrilla y de los grupos de paramilitares que operan en Colombia.

En otro orden de temas, Alston denunció también la impunidad de los crímenes cometidos por miembros de estos grupos armados ilegales que se acogieron al proceso humanitario impulsado por el presidente Álvaro Uribe para abandonar las armas y que "en su gran mayoría han sido desmovilizados sin una investigación y con la concesión de amnistías".

"El esfuerzo de Colombia para poner fin a la rendición de cuentas y proporcionar a la violencia paramilitar empieza a tambalearse. El fracaso se desprende del espectacular aumento de los homicidios cometidos por grupos armados ilegales compuestos principalmente por ex paramilitares", agregó.

En este contexto, Alston aconsejó a las autoridades colombianas dar un giro en su política de seguridad y combinar la lucha armada contra estos grupos con un plan humanitario basado en acuerdos y negociaciones "que pongan fin al conflicto de una vez por todas".

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