Procuraduría plantea a
negociadores en La Habana (Cuba) los mínimos penales para los máximos
responsables de crímenes atroces de las FARC
• El procurador general de la
Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, envió este jueves 10 mínimos penales a los
jefes negociadores Humberto de la Calle Lombana y Luciano Marín Arango, alias
“Iván Márquez”.
• El informe de 80 páginas es
producto de un profundo análisis que durante varios meses realizó la
Procuraduría a partir de jurisprudencia, referentes e instrumentos de
nacionales e internacionales de protección a los DDHH.
• El jefe del Ministerio
Público resaltó como hechos positivos que las FARC acepten que un acuerdo debe
acatar el derecho internacional y que Gobierno y oposición coincidan en la
necesidad de que existan penas privativas de la libertad para los máximos
responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y
graves violaciones a los derechos humanos.
Alejandro Ordóñez -Procurador |
BOGOTÁ.- Este miércoles 23 de septiembre, el procurador
general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, radicó una comunicación
dirigida a los jefes de las delegaciones del Gobierno Nacional y de la
guerrilla de las FARC en La Habana (Cuba), Humberto de la Calle y alias ‘Iván
Márquez’, respectivamente, con 10 mínimos penales para los máximos responsables
de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio.
El informe de 80 páginas es el
resultado de un profundo análisis que sobre justicia transicional adelantó
durante meses la Entidad, consultando extensamente la doctrina, la
jurisprudencia y los estatutos de los tribunales penales internacionales, así
como los instrumentos de protección de los Derechos Humanos y la jurisprudencia
interamericana y colombiana.
La Procuraduría resalta como
positivo el hecho de que las FARC acepten el derecho internacional, así como la
coincidencia entre el Gobierno y la oposición, representada por el Partido
Centro Democrático, en que se necesitan penas privativas de la libertad para
miembros de las FARC que cometieron o cometan crímenes atroces. El Ministerio
Público considera que ese puede ser el punto de partida de un Pacto para la Paz
que permita que los acuerdos cuenten con el respaldo de los ciudadanos y que
garantice que lo que se firme con la guerrilla se cumpla y se pueda poder
cumplir.
En la misiva, el jefe del
Ministerio Público subrayó que conforme al derecho internacional, la pena para
los máximos responsables es la reclusión y solo si esta se cumple de manera
genuina se puede asegurar que no existe impunidad frente a los más graves
crímenes. El procurador dejó en claro que la misma pena debe aplicarse para los
agentes del Estado que perpetraron iguales crímenes. La impunidad no debe
proceder para nadie porque “la sociedad colombiana exige justicia”.
En ese sentido, el oficio
radicado señaló que “la pena no debe ser entendida como una imposición, una
humillación o una derrota, sino como muestra de sincera voluntad de
reconciliación y de dignificación de las víctimas e inclusive de los
victimarios”.
Advierte el jefe del órgano de
control que los mecanismos de justicia y su marco de aplicación tampoco pueden
omitir la investigación, el juzgamiento, la condena judicial ni el cumplimiento
efectivo de las penas de reclusión, cuando los responsables de crímenes atroces
sean agentes estatales, integrantes de la Fuerza Pública, autoridades civiles o
dirigentes políticos. Sin embargo precisa que la definición de estos puntos es
competencia exclusiva del Congreso de la República.
“No es aceptable desde el punto
de vista constitucional que se llegue a usurpar dicha competencia pretendiendo
definir ese marco jurídico en la Mesa de Conversaciones. Sería muy grave para
los militares y policías que su suerte jurídica la decidieran las FARC y el
Gobierno Nacional en La Habana”, precisó el procurador.
La Procuraduría señaló que los
mínimos penales deben servir para construir fórmulas que satisfagan los
derechos de las víctimas, los reclamos de justicia y las diferentes
perspectivas que se plantean en la Mesa de Negociaciones.
Así mismo, recalcó que es
indispensable abrir un debate público con el fin de que las medidas de justicia
que se adopten tengan el apoyo de la sociedad y la mayor legitimidad. Para eso
propone un foro en que estén representadas las visiones del Gobierno, la
oposición y las FARC.
Finalmente anunció que enviará
una propuesta en materia de penas a La Habana con el fin de contribuir a que se
cumplan dichos mínimos y se garantice así seguridad jurídica para los miembros
de las FARC. Prensa de la Procuraduría general