En Sincelejo
(Sucre), Mocoa (Putumayo) y Valledupar (César) el Ministerio Público ha
identificado prácticas irregulares en las que participarían jueces y abogados.
Pese a la
prohibición constitucional y legal, actualmente medio billón de los recursos
para la salud se encuentran embargados.
Procuradores
judiciales intervendrán en los procesos para evitar el embargo de los recursos
y solicitar investigaciones contra jueces, abogados y funcionarios que hagan
parte de estos carteles.
Bogotá, 12 de
junio de 2018. La Procuraduría General de la Nación denunció el embargo
irregular a los recursos de la salud, y pidió a la Fiscalía, la Contraloría y
la Judicatura acciones penales, fiscales y disciplinarias contra jueces,
abogados y particulares vinculados con estos carteles.
Aunque la
Constitución y las leyes prevén que los recursos para la salud son
inembargables, actualmente $500.000 millones de pesos permanecen en depósitos
judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros como
contratistas y trabajadores. De este monto $300.000 millones corresponden a EPS
del régimen contributivo y subsidiado y a la red pública de hospitales.
Un informe
del Ministerio Público encontró que en Sincelejo, Mocoa y Valledupar jueces
civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser
girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones
prestadoras de salud.
Para el caso
de Sincelejo se pudo identificar que el Juzgado Tercero Civil del Circuito
ordenó el embargo de cerca de $11.000 millones de pesos, que tenían como
destino la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, en procesos donde la
mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado y el monto
de esas deudas no superaba los $4.000 millones de pesos.
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| Fernando Carrillo F Procurador |
En total al
Hospital Universitario de Sincelejo por vía judicial le han embargado más de
$20.000 millones de pesos. En el departamento de Sucre los embargos a la salud
superan los $30.000 millones de pesos.
En
comunicación al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; al
Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, y al Presidente del
Consejo Superior de la Judicatura, Edgar Sanabria, la Procuraduría remitió
copia del informe preventivo sobre la vigilancia a los procesos de embargos
aplicados a los recursos del sistema de salud, que sirvió de base a la entidad
para iniciar acciones disciplinarias.
Como parte de
las medidas para hacer frente a estos carteles, el ente de control emitió una
circular en la que ordena a los procuradores judiciales del país intervenir en
los procesos donde se haya ordenado o se pida el embargo de los recursos de la
salud, para advertir sobre la prohibición legal y, si es del caso, solicitar
las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.
La
Procuraduría recordó que el fin último de estos recursos es su circulación en
el sistema de salud, y no terminar como depósitos judiciales, existiendo otros
medios para garantizar el pago de esas acrecencias. Fuente: Comunicaciones, PGN. Foto: Archivo Procuraduría. Ajuste de contenido y
diagramación: Bersoahoy.co
