Bogotá, 19 de octubre de 2018.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
aclarar cuál fue el régimen jurídico que sirvió de base para la adopción de
medidas cautelares sobre la reserva forestal Thomas Van Der Hammen, que permite
su urbanización. (Foto tomada de El TIEMPO)
El órgano de control indagó si
las órdenes fijadas en el auto del 10 de octubre de 2018, fueron decretadas con
fundamento en la Ley 472 de 1998 o en la 1437 de 2011, teniendo en cuenta que
los recursos legalmente procedentes varían según se trate de uno u otro esquema
procesal, así como también los tiempos en que deben resolverse.
En segundo lugar, pidió
precisar si se tuvo en cuenta el Decreto 270 de 2017, que establece en cabeza
de las autoridades del orden nacional, la regulación de los plazos y el
procedimiento para la publicación de los proyectos de actos administrativos,
que contengan decisiones generales que afecten a la comunidad.
En cumplimiento de esta norma,
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) fijó un término de 10
días para publicar sus proyectos en la página web, con el objeto de recibir opiniones,
sugerencias o propuestas alternativas, permitiendo la participación de los
grupos interesados y demás ciudadanos, en la elaboración de las normas de
carácter regulatorio que los pueda afectar directa o indirectamente.
Finalmente, el órgano de control
solicitó aclarar en qué consiste la urgencia o inminencia de las medidas
cautelares decretadas, dado que la decisión solo se fundamenta en aspectos de
necesidad y conveniencia
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