Las pretensiones del Comité del Paro para adelantar un proceso de negociación con el gobierno, más que una propuesta constituye un ultimátum. Sin duda, obedece no solamente a la necesidad de aferrarse a una representación de todos los sectores que conforman las marchas, de la que evidentemente carece, sino también a ganar espacio y tiempo para su oculto propósito de someter o derrocar las autoridades legítimas. El gobierno tiene que lograr claridad sobre la estrategia y los fines de sus oponentes. Nadie vence en una confrontación si no conoce a su adversario y desentraña sus objetivos.
La realidad de la situación es bien diferente a la planteada por el Comité, como distintos son también las razones y los objetivos de quienes concurren a las calles del país. Mientras el Comité formula ultimátum y las organizaciones criminales financian bloqueos y vandalismo que persiguen la remoción del gobierno y la humillación de la institucionalidad, los sectores sociales claman por sus legítimas reivindicaciones para una sociedad que responda mejor a sus expectativas de educación, empleo, equidad y garantías culturales y sociales con las que avizoran su futuro. Hay entre ellos un abismo sideral que el gobierno debe entender en la conducción de los acuerdos que restablezcan la convivencia y el orden indispensables a una normalidad con futuro.
No será tarea fácil porque se ha entronizado en medios nacionales y en la órbita internacional una narrativa que desfigura lo que acontece y que pretende atribuir a las instituciones y las fuerzas del orden propósitos que les son ajenos. El que marcha protesta, pero el que bloquea o vandaliza delinque, aunque se pretenda asimilarlos para erosionar la legitima acción de la institucionalidad. La normatividad internacional dispone que “el ejercicio del derecho de reunión pacífica solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas en la ley”, que comprende razones fundadas en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la protección de la salud o la protección de los derechos y libertades de los demás ciudadanos. Iguales mandatos hacen parte de la ley colombiana. A pesar de su activismo, los agitadores políticos no lograrán esconder que el hampa controla retenes en el Valle del Cauca y el Cauca y que los múltiples bloqueos en otras regiones del país atentan contra la vida, la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos inermes e indefensos ante semejante atrocidad humanitaria. El costo es inmenso en vidas y en el aparato productivo de la nación, que arroja suma superior a los 500 mil millones diarios, que crecerá al ritmo de la prolongación del paro y sus desmanes. Frente a esa orgía de destrucción, el gobierno debe hacer gala de creatividad que facilite acuerdos con los jóvenes y distintos sectores sociales, así como la recuperación económica. El aguante ciudadano tiene límites a los que se está llegando. La cancillería de Marta Lucía Ramírez fortalece al gobierno, y debe acompañarse de mayor representatividad y participación de sectores nacionales. Antes de que sea tarde.
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