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| Gustavo Petro Presidente |
En los documentos presentados durante la alocución, por el Ministerio de
salud y la presidencia de la república, se reseña que el más reciente informe
de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera del
sistema de salud revela que 29 EPS acumulan una deuda que asciende a los $32,9
billones de pesos por servicios prestados por clínicas, hospitales,
laboratorios, operadores farmacéuticos y otros actores del sistema.
Esta cifra representa un aumento de $7,9
billones respecto al monto reportado en 2023, y es reflejo del nivel
crítico de desfinanciamiento y desorden administrativo del sistema, debido al
actual modelo de aseguramiento basado en la intermediación.
Dicha deuda no solo afecta gravemente la estabilidad de los prestadores
y proveedores de servicios, sino que también ha empezado a golpear de forma
directa a los usuarios. La imposibilidad de cubrir oportunamente los servicios
ha generado una atención cada vez más fragmentada, demorada y costosa, y ha
empujado a miles de familias a cubrir con su propio dinero medicamentos, exámenes,
citas y procedimientos.
Pese a la magnitud de la crisis, el informe deja claro que esta deuda no
es responsabilidad del Gobierno, sino que corresponde a decisiones y omisiones
de las propias EPS.
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| El equipo de salud del Gobierno nacional acompañó la alocución del presidente Gustavo Petro sobre la situación financiera del sector |
Durante este Gobierno, los recursos destinados al aseguramiento en salud
han crecido cerca del 40%. En 2024 los recursos para la Unidad de Pago por
Capitación (UPC) ascendieron a $87,89 billones de pesos, lo que representó
aproximadamente el 17 % del Presupuesto General de la Nación.
Para ese mismo año la UPC fue incrementada en 12,01%, un ajuste superior
a la inflación causada de ese año, que fue del 5,20%, lo cual refleja el
compromiso de este Gobierno con el sostenimiento financiero del sistema.
“A pesar de que la prensa ha dicho que el Gobierno debe dinero, es
preciso mencionar que esto es mentira. No debemos ni un solo peso. Es más, las
EPS intervenidas han reducido la deuda en 14 % con los hospitales y las
clínicas. Por este motivo la intervención hay que mantenerla y ampliarla, para
detener el desangre del sistema", recalcó el presidente Gustavo Petro durante
la alocución destinada al análisis del informe de la Contraloría.
Y es que, a pesar de los giros oportunos y crecientes por parte del
Gobierno, la Contraloría advierte que hay $2,71 billones de pesos girados por
la ADRES a las EPS que no fueron reportados por estas en sus estados
financieros. Dichos recursos serán objeto de actuaciones fiscales, pues no hay
claridad sobre su uso o destino.
Más preocupante aún es que entre 2020 y
2024 se han acumulado $15,79 billones sin trazabilidad, entre ellos $4,22
billones solo en 2024, lo que evidencia un patrón persistente de opacidad en el
manejo de los recursos.
Uno de los casos de mayor afectación es el de la Nueva EPS. Antes de su
intervención ya presentaba alarmantes signos de desequilibrio financiero. Según
datos de la Supersalud, al cierre de 2022 la Nueva EPS debía $5,07 billones al
sistema, entre cuentas por pagar y reservas técnicas. De ese monto, $3,88
billones correspondían a anticipos entregados a IPS, lo que dejaba una deuda
efectiva por pagar de $1,19 billones.
A esto se suma que la mayoría de las EPS no cumplen
los requisitos mínimos para operar. De las 26 EPS evaluadas, en 2023 solo 5
cumplen con la provisión e inversión de reservas técnicas, y apenas 10
tienen indicadores de liquidez y solvencia adecuados. El 61% de las EPS no
cuentan con recursos líquidos para operar, y 16 EPS incumplen simultáneamente
los tres requisitos normativos: liquidez, margen de solvencia y provisión de
reservas.
Lo anterior implica que una porción significativa de las entidades que
reciben recursos públicos para garantizar el derecho a la salud no tiene cómo
sostener sus operaciones básicas, y sin embargo siguen funcionando y manejando
grandes volúmenes de dinero público.
La crisis no se limita a la relación entre EPS e IPS. A pesar de que el
Gobierno ha pagado el 90,3% de lo facturado por operadores farmacéuticos en
2024 —unos $13,3 billones de $14,7 billones radicados—, persisten fallas graves
en el suministro de medicamentos.
Esta contradicción ha generado una ola creciente de peticiones, quejas y
reclamos (PQR), sin que haya una explicación técnica clara por parte de los
gestores farmacéuticos.
El Ministerio de Salud ha reiterado su desconcierto frente a esta
situación, especialmente al considerar que los pagos están al día y los
recursos han sido girados con responsabilidad.
“Dicen que colapsamos el sistema porque no hay medicina, pero esto es
mentira. Si hemos pagado el 90% de lo facturado, ¿por qué no hay medicinas en
las farmacias? Las quejas,
entonces, no son contra este Gobierno, sino contra los gestores
farmacéuticos", señaló el mandatario.
El informe también revela graves hechos de corrupción histórica en el
sector. Se documentan desvíos de recursos a paraísos fiscales, creación de IPS
de papel, cobros múltiples de UPC por un mismo paciente, y manipulaciones
contables destinadas a distorsionar la suficiencia de la UPC.
Desde 2022 hasta marzo de 2025, la Contraloría ha abierto 522 procesos
de responsabilidad fiscal
por más de $11 billones de pesos, además de 111
imputaciones, 41 fallos fiscales ejecutoriados y 148 indagaciones preliminares
adicionales.
Estas cifras muestran que la captura indebida de
los recursos de la salud ha sido sistemática y con impactos profundos en la
sostenibilidad del sistema.
Frente a este panorama, el Gobierno reitera que la
reforma estructural del sistema de salud es urgente, inaplazable y respaldada
por la evidencia técnica.
La propuesta de reforma busca eliminar gradualmente la intermediación
financiera de las EPS, fortalecer la atención primaria, habilitar auditorías
integrales, garantizar trazabilidad en el uso de los recursos, e implementar
mecanismos de saneamiento para prestadores y EPS que decidan transformarse en
gestoras de salud y vida.
Asimismo, se plantea la creación de instrumentos de liquidez,
fortalecimiento institucional del Invima y la ADRES, y la publicación periódica
de informes de trazabilidad de recursos.
El mandatario destacó que el actual sistema no solo es ineficiente, sino
que limita la posibilidad de aumentar el financiamiento público sin cambios
estructurales.
Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha
manifestado en múltiples ocasiones que la exoneración de aportes patronales,
vigente desde 2012, representó un sacrificio fiscal de $17,7 billones solo en
2024, recursos que podrían destinarse a cerrar brechas en salud.
“El ministro Jaramillo propone regresar al impuesto patronal, yo
propongo aumentar el impuesto de renta de las personas más ricas de Colombia,
destinado a la vida del pueblo. Esto hace parte del pacto social",
manifestó el presidente Petro.
El informe de la Contraloría es contundente: la
actual estructura de intermediación ha llevado al sistema al borde del colapso. Seguir sosteniendo este modelo significa
normalizar el desvío de recursos, la inoperancia financiera, la desprotección
de millones de usuarios y el debilitamiento progresivo de hospitales, clínicas
y profesionales de la salud. La reforma es no solo una decisión política, sino
una necesidad para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los
colombianos.
Informe del Ministerio de Salud
(Fin/fca/jgp)
Fuente: Prensa Presidencia de Colombia.
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