La canciller María Ángela Holguín, afirmó que el Gobierno ha contratado a una firma de abogados británica para estudiar el fallo por el que la CIJ estableció nuevos límites con Nicaragua.
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| María Ángela Holguin Canciller colombiana |
"Hemos contratado a una
firma inglesa, Volterra Fietta, quien va a hacer el estudio del fallo y nos va
guiar en la posibilidad de interponer recursos ante la Corte" de La Haya,
dijo la jefa de la diplomacia colombiana en su tradicional encuentro con
periodistas previo a la Navidad.
Holguín se entrevistará con
este grupo de juristas internacionales, que ya llevaron al tribunal de La Haya
un recurso entre Eritrea y Yemen, el próximo 7 de enero.
Según dijo, las primeras
impresiones de este bufete apuntan a que Colombia tiene "muchas
posibilidades con algunos recursos" y es favorable a interponer estas
medidas, que pueden ser de revisión o de nueva interpretación.
El fallo de la CIJ del pasado
19 de noviembre le concedió a Colombia la soberanía sobre siete cayos, que se
suman a las tres islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
colombianas por una decisión de ese tribunal desde 2007.
Mientras tanto, le entregó a
Nicaragua los derechos económicos sobre una extensión marítima que modificó los
tradicionales límites y llevó a Colombia a perder más de 70.000 kilómetros
cuadrados de aguas ricas en pesca y recursos energéticos, al tiempo que
estableció un enclave en dos islotes.
El lunes pasado, Holguín se
entrevistó en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, a quien le explicó las consecuencias del fallo en la población nativa
del archipiélago caribeño, quienes temen que los nuevos límites restrinjan su
acceso a tradicionales bancos de pesca.
"La reunión con Ban
Ki-moon fue muy interesante porque yo creo que supo de primera mano (...) las
inmensas complicaciones que trajo este fallo" en la población raizal
(nativos descendientes de los piratas europeos del siglo XVII y de sus
esclavos) y en el medio ambiente.
En esa extensión marítima se
encuentra la reserva de la biosfera Seaflower, declarada como tal por la Unesco
en 2000 por su riqueza en 400 especies marinas y la barrera de coral más larga
de las Américas, que queda dividida en manos colombianas y nicaragüenses tras
el fallo.
Holguín explicó también que
los diplomáticos colombianos en Ginebra han contactado con la alta comisionada
para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, para destacar la necesidad de
respetar los derechos de los sanandresanos que se han visto afectados por la
decisión de La Haya.
"Este es un tema de
derechos de los raizales y de los pescadores de estar en sus sitios
ancestrales, eso es parte de muchas convenciones de los derechos humanos, y
ella (Pillay) estuvo muy atenta", comentó la ministra.
Esta nueva estrategia del
Gobierno colombiano en el litigio con Nicaragua busca "que los pescadores
puedan pescar y seguir haciendo lo que han hecho en los últimos 200 años y que
puedan estar en sus lugares, pescar en sus lugares", resumió la canciller.
EFE
