Con esta cifra, el sector público avanza en
el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017, que establece que las entidades
públicas deben vincular personal en condición de discapacidad a sus plantas.
La meta del Gobierno nacional es vincular a
12 mil personas de esta población al final del cuatrienio.
Bogotá, martes 10 de septiembre de 2019. Con la vinculación de
3.008 personas con discapacidad a las plantas de personal de sus entidades, la
administración pública avanza positivamente en el cumplimiento del Decreto 2011
de 2017, norma que establece que para el 31 de diciembre de este año al menos
el 2% de las plantas de entidades de hasta 1.000 empleos deberán ser cubiertos
por personas con discapacidad; si la planta cuenta entre 1.001 y 3.000 empleos,
debe proveer el 1%; y si son plantas mayores a 3.000 empleos, se debe proveer
el 0,5%.
(La Consejería para la
Participación de Personas con Discapacidad y Función Pública, en cabeza de
Jairo Clopatofsky (i) y de Fernando Grillo, respectivamente, lideran la
política de inclusión laboral en el sector público.)
Se destaca, igualmente, el
crecimiento registrado en el número de entidades que reportan tener vinculadas
a personas con discapacidad, que pasaron de 441 a 517 en todo el país, lo que
representa un aumento del 17%.
“Para El Gobierno Nacional es
motivo de gran satisfacción el hecho de que las entidades públicas de los órdenes
nacional y territorial valoren las capacidades de las personas con
discapacidad, y que consideren que su aporte puede ejercer una incidencia
positiva en su gestión”, afirmó el director de Función Pública, Fernando
Grillo, quien resaltó “el trabajo articulado que se viene realizando con la
Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad, el Ministerio
del Trabajo y el Servicio Público de Empleo”.
Las cifras de la inclusión
De acuerdo con el más reciente
reporte del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, del
total de personas vinculadas, 1.529 laboran para entidades del orden nacional y
1.479 pertenecen al orden territorial.
Entre las entidades del orden
nacional que presentan los más altos índices de vinculación se destacan la
Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Superintendencia de
Notariado y Registro, la Dian, la Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República y el Instituto Colombiano Agropecuario,
entre otros.
Por su parte, el balance del
orden territorial destaca al Distrito Capital de Bogotá y a los departamentos
de Antioquia, Nariño, Cundinamarca,
Valle del Cauca, Boyacá, Córdoba, Bolívar y Atlántico como las regiones con
el mayor número de entidades que cumplen la norma.
Caracterización de los servidores públicos
con discapacidad
De acuerdo con cifras
entregadas por el SIGEP, los hombres representan el 52% y las mujeres el 48%
del total de personas con discapacidad en el servicio público, cuya mayoría
está en el rango de los 50 a los 62 años, con un 54%.
En cuanto al tipo de
vinculación de estos servidores públicos, el 46,4% hace parte de la carrera
administrativa; el 40,1, tiene nombramiento provisional; el 10% es de libre
nombramiento y remoción y el 1,4% son trabajadores oficiales.
La discapacidad más frecuente
entre este grupo de servidores públicos es la física con 42,9%; a continuación
están la visual, con 36,7%, y la auditiva, con 12,5%.
Cierran este listado la
discapacidad psicosocial, con 4,1%; la múltiple, con 2,8% y la intelectual, con
1,0%.
Adicionalmente, es de resaltar
los altos niveles educativos que ha alcanzado esta población, representado en
que el 27,7% cuenta con estudios profesionales; el 23,5% presenta una especialización, el 3,9%
acredita maestría y el 0,1% doctorado.
“Reiteramos nuestra invitación a las entidades
públicas para que continúen vinculando personas con discapacidad a sus plantas
y cumplan con la primera fase de la norma, que cierra en diciembre de este año;
no duden en consultarnos, en nuestra entidad estamos listos para asesorarlos en
este proceso”, concluyó el director de Función Pública.
Fuente: Oficina Asesora de
Comunicaciones.
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