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domingo, 11 de enero de 2015

Acción preventiva frente al hacinamiento en unidades de reacción inmediata y de Policía, realiza la Procuraduría

Alejandro Ordóñez
Procurador
BOGOTÁ.- La Procuraduría General de la Nación, a través del Grupo de Política Criminal y Carcelaria de la Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, adelantó acción preventiva con el objeto de establecer las condiciones de habitabilidad en las que se encuentran las personas detenidas en las unidades de reacción inmediata y en las estaciones de Policía de Bogotá, al tiempo que dispuso verificar la aplicación del denominado “plan reglamento” en los centros de reclusión bajo la administración del Instituto Nacional y Penitenciario y Carcelario (Inpec).
De las acciones realizadas se estableció que tanto las URI como las estaciones de Policía registran un alto grado de hacinamiento, generado al parecer por el denominado “plan reglamento” que adelantan los sindicatos del Inpec, quienes se niegan a recibir a las personas contra las que la autoridad judicial ha dispuesto  la privación de la libertad.
La falta de espacios y condiciones adecuadas en los centros de reclusión transitoria para albergar el alto número de detenidos y la insuficiencia de recursos para su atención, afectan la prestación de servicios básicos como alimentación, salud, visitas y asistencia jurídica, entre otros, poniendo en peligro la integridad, no solo de las personas detenidas, sino también de los servidores públicos que laboran en esas instalaciones y de la ciudadanía.
Ante la crisis humanitaria evidenciada a través de las visitas y como lo han venido registrando los diferentes medios de comunicación, la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de las funciones de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, recomienda al Gobierno Nacional estudiar e implementar las medidas necesarias para normalizar la situación carcelaria, entre ellas la posibilidad de invertir mayores recursos en la creación de cupos carcelarios.
Al mismo tiempo, se sugiere a los sindicatos del Inpec abstenerse de negar el ingreso de detenidos a los centros de reclusión y permitir su traslado a las diligencias judiciales y citas médicas autorizadas, ya que posiblemente se están afectando los derechos de las personas a quienes legalmente les compete proteger y garantizar un trato digno.
Finalmente,  la acción preventiva adelantada recomienda la compulsa de copias a las autoridades competentes para el inicio de las posibles acciones disciplinarias a que hubiere lugar en los eventos en los que se configuren vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
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