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miércoles, 7 de octubre de 2015

Terna para la elección de magistrado de la Corte Constitucional

Presentó el Presidente Santos luego de la convocatoria
La terna está formada por los abogados Catalina Botero Marino, Magdalena Correa Henao y Alejandro Linares Cantillo.
En esta convocatoria de la Presidencia, que se realiza por primera vez, se presentaron 75 ciudadanos. De ellos se publicó una lista de 61 candidatos que cumplían los requisitos mínimos de ley. Se recibieron 109 comentarios. Foto: Efraín Herrera -SIG 
Bogotá, 7 oct (SIG). - El Presidente de la República, Juan  Manuel Santos Calderón, presentó este miércoles la terna de candidatos para la elección de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo del jurista Mauricio González Cuervo.
La terna está formada por los abogados, Catalina Botero Marino, Magdalena Correa Henao y Alejandro Linares Cantillo.
De conformidad con el artículo 239 de la Constitución Nacional, los  Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
La terna se presentó luego de un proceso de transparencia iniciado en marzo pasado con la expedición de un decreto por el cual se establece el trámite para la integración las correspondientes ternas de candidatos a magistrados de la Corte Constitucional por parte del Presidente de la República.
El proceso
En marzo de este año se firmó el Decreto 537 de 2015, “por el cual se establece el trámite para la integración las correspondientes ternas de candidatos a magistrados de la Corte Constitucional por parte del Presidente de la República”.
Con esta medida de autorregulación, que se aplica por primera vez,  se dio un paso importante para darles a los colombianos una mayor confianza en la forma de escoger los altos dignatarios del país.
El proceso puesto en marcha por el Gobierno buscó darle estricto cumplimiento a lo dispuesto en el decreto, así como en las leyes que tienen que ver con la elección de la Corte.
Siempre se buscó que la ciudadanía estuviera al tanto del proceso y por ello  se realizó una invitación pública a todos los colombianos para ser tenidos en cuenta dentro de la terna para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Constitucional.
Como resultado se presentaron 75 ciudadanos, cuyos nombres se  publicaron en la página Web de la Presidencia de la República.
Además, se hizo una revisión de cada hoja de vida y de los documentos de los aspirantes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos.
Cumplido el primer mes del proceso, se publicaron los criterios de valoración y la lista definitiva de los aspirantes que cumplieron los requisitos mínimos de ley para ser tenidos en cuenta dentro del proceso, de acuerdo con los soportes entregados por los mismos.
Pese a que el Presidente podía incluir candidatos en esta lista, tomó la  decisión de no hacerlo. Así mismo, se invitó a todos los ciudadanos a que enviaran sus comentarios a la lista definitiva de los aspirantes que cumplieron con los requisitos mínimos de ley para ser tenidos en cuenta dentro del proceso.
Como resultado de la invitación pública se recibieron más de 100 comentarios por parte de la ciudadanía, los cuales fueron revisados uno a uno.
Igualmente, se revisó a la luz de los criterios de valoración cada una de las hojas de vida para garantizar la transparencia en el proceso y el derecho a la igualdad de cada uno de los aspirantes.
La terna
Catalina Botero Marino
Se graduó de derecho en la Universidad de Los Andes en 1988. Tiene maestría (DEA) en Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de España, en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid y en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de Los Andes.
En 2015 fue designada conjuez de la Corte Constitucional de Colombia. Actualmente es asesora de entidades como la Unesco y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México.
Es miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y experta invitada de diversos proyectos académicos como Global Freedom of Expression and Information de la Universidad de Columbia en Nueva York; LatinAmericaGoesGlobal de la Facultad de Asuntos Internacionales de la misma universidad y el observatorio global Internet & Jurisdiction Project.
Fue profesora de la Universidad Externado de Colombia y de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University.
Es socia fundadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), miembro de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y del comité académico internacional del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELA) de la Universidad de Palermo (Argentina).
Se desempeñó desde 2008 hasta 2014 como fue Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Antes había sido Magistrada auxiliar de la Corte Constitucional por más de ocho años.
Durante tres años ocupó el cargo de Directora Nacional de Divulgación y Promoción de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, y fue asesora de la Asesoría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fundación Social y del Despacho del Procurador General de la Nación.
Así mismo, ha sido profesora de derecho constitucional en d la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Externado de Colombia.
Magdalena Correa Henao
Doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, de Madrid (España), Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Amberes (Bélgica), Maestría en Gestión y Administración Pública y Abogada de la Universidad Externado de Colombia.
Actualmente dirige el Departamento de Derecho Constitucional de dicha Universidad, y fue consultora del Ejército Nacional, Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional.
Alejandro Linares Cantillo
Abogado y especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes con maestría en Derecho de la Universidad de Harvard (EEUU), candidato a doctor en Derecho 2016, Universidad Externado de Colombia.
Linares Cantillo ha sido Vicepresidente Jurídico de Ecopetrol,  socio de Gómez-Pinzón Zuleta Abogados S.A., Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República,  Director del Plan Nacional de Rehabilitación, Consejero para la Política Social.
Igualmente se desempeñó como Viceministro de Agricultura, Ministro Plenipotenciario de la Embajada de Colombia en París, Jefe de la División Especial de Inversiones Extranjeras del Departamento Nacional de Planeación, Negociador por Colombia en el GATT (Ronda Uruguay), Gerente del Departamento Legal y de Relaciones Externas
de IBM de Colombia S.A., asesor y jefe de la División Legal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y abogado en los bufetes estadounidenses Sidley & Austin y Holland & Knight.
En el campo docente, ha sido profesor de la Universidad de los Andes, en las cátedras Fusiones & Adquisiciones, Especialización de Negocios Internacionales, MBA, Derecho Comparado, Fundamentos del Derecho de los Negocios, Hacienda Pública,  Derecho Económico Internacional y Régimen de Cambios Internacionales y de Comercio.
También en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en la cátedra Diplomado Contratos Estatales, Operaciones de crédito público y financiamiento privado de proyectos públicos; y en la Universidad del Norte, de Barranquilla, en la de Especialización en Derecho de Sociedades, Reorganizaciones Empresariales.
Perteneció a los consejos directivos de la ANDI y  Fedesarrollo, al consejo rector de la Corporación Transparencia por Colombia, y a las juntas directivas de ISA, Internexa, Invernac, Banco Popular S.A.,  Gomez-Pinzón Zuleta Abogados S.A., Almagran S.A., Avianca S.A. y Fundación Seguridad y Democracia.

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