martes, 2 de abril de 2019

Finagro beneficia la producción primaria con el Banco Agrario


Bogotá, D.C., 1 de abril de 2019 (@BancoAgrario). El Banco Agrario de Colombia es el primer banco del país en colocación de recursos de redescuento de Finagro, como lo evidencian las cifras al cierre de febrero pasado, cuando la entidad alcanzó un saldo de cartera redescontada de $6,8 billones, que representa el 82% del total de la cartera redescontada por las entidades financieras al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, situada en $8,3 billones.
Así mismo, se observa que la mayor parte de esta cartera en el Banco Agrario, está concentrada en pequeños productores agropecuarios, hacia quienes se orientaron $5 billones a través de 843.863 operaciones de crédito, lo que lo ubica como el responsable del 98,32% del total de cartera redescontada a Finagro para este segmento al término del pasado mes de febrero, cuando esta alcanzó los $5,1 billones.
Es importante precisar que el total de la cartera que tiene la entidad clasificada en pequeños productores es de $6,2 billones, que incluyen recursos propios y microfinanzas por $1,1 billones.
“Otros intermediarios financieros aparecen con participaciones mayores a la nuestra, situación que se explica porque en los totales se incluyen los recursos colocados por cartera sustitutiva, que es aquella que pone la banca privada para sustituir las inversiones forzosas en Finagro, y que en su mayoría no llega a los productores del campo, sino a otros eslabones de la cadena agropecuaria”, puntualizó el presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía Sendoya. 
De otra parte, durante el periodo enero-febrero de 2019, la entidad colocó 42.881 créditos por valor de $446,178 millones, de los cuales 42.264 operaciones por $440,875 millones correspondieron a recursos de redescuento Finagro, y los 617 desembolsos restantes, por $5,303 millones fueron con recursos propios.
Dentro de estas colocaciones del bimestre, las principales actividades hacia las cuales se destinaron créditos del Banco Agrario con redescuento Finagro, fueron: vientres bovinos cría y doble propósito ($104 mil millones); vientres comerciales bovinos leche ($33,983 millones); café ($23,924 millones); papa ($13,007 millones); aguacate ($12,855 millones), caña panelera inversión ($12,028 millones) y cacao-inversión ($10,102 millones). Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co

lunes, 1 de abril de 2019

Telefónica Movistar Colombia consolidó resultados en 2018


La compañía cerró el año con 19,1 millones de clientes
La operación alcanzó una utilidad neta de $389.000 millones*
Bogotá, 1 de abril de 2019.- Con un crecimiento del 9,2 por ciento en sus ingresos operacionales y del 19,6 por ciento en su Ebitda concluyó el año 2018 Telefónica Movistar Colombia.
La empresa reportó ingresos de operación por $5,471 Billones impulsada por el crecimiento en accesos, la gestión de activos y la incorporación de la operación de sus filiales Metrotel y Telebucaramanga, desde el cuarto trimestre de 2017.
Telefónica Movistar Colombia registró en 2018 un Ebitda de $1,834 Billones gracias no solo al mayor esfuerzo operacional realizado durante el ejercicio, sino al control efectivo de los costos y una propuesta de valor diferenciada a los clientes.
Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia, explicó que “estos resultados cobran más importancia si se tiene en cuenta la creciente competitividad observada en el mercado que ha ocasionado una erosión de los ingresos por cliente (ARPU), así como las consecuencias de los cambios regulatorios y los menores ingresos reportados por algunos servicios tradicionales”.
Hernández señaló que “el buen desempeño de la actividad comercial y de los esfuerzos en digitalización y simplificación realizados por la empresa se traducen en la aceleración del crecimiento de los ingresos y el Ebitda”.
Por segmentos, los servicios móviles lideran los ingresos de la operación con $3,060
Billones y un crecimiento interanual del 1,1 por ciento. Adicionalmente, los servicios fijos reportaron $2,056 Billones con un destacado incremento del 12,1 por ciento apalancado por el avance de los servicios de fibra óptica al hogar, televisión satelital y proyectos de servicios digitales.
La compañía cerró el 2018 con una utilidad neta de $389.000 millones.
En materia operativa, Telefónica Movistar Colombia terminó el ejercicio 2018 con 19,1 millones de clientes lo que representa un crecimiento anual del 6,3%, con ganancia neta positiva en todos los productos salvo, línea básica.
Los clientes de servicios móviles llegaron a 15,7 millones con un incremento del 7,7 por ciento en 2018. Allí hay que destacar que los clientes de pospago crecieron el 2,7 por ciento, equivalente a más de 103.000. En prepago, los clientes aumentaron el 9,4 por ciento que representa una ganancia neta de más de 1,02 millones de líneas.
Al cierre de 2018 los clientes de servicios fijos sumaron 3,3 millones desagregados así: 1,58 millones de línea básica, 1,20 millones de banda ancha y 548.000 de televisión.
“Los resultados obtenidos el año anterior son un sólido punto de partida para 2019, un ejercicio en el que seguiremos aportando al país como su aliado, brindando la mejor conectividad a los ciudadanos y a las empresas para impulsar la transformación digital de Colombia”, concluyó Hernández.
Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,471 Billones de pesos en 2018.
La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión satelital, telefonía fija y la oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones.
Telefónica está presente en 283 municipios con banda ancha fija, 957 con telefonía móvil y en 776 ofrece la tecnología 4G LTE. Así mismo, ofrece telefonía fija en 703 municipios.
Telefónica cerró 2018 con una base de clientes de 19,1 millones en todo el país: 15,7 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha, 548 mil de TV digital satelital y 1,6 millones de líneas fijas en servicio.  Fuente: Comunicaciones Telefónica Movistar
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domingo, 31 de marzo de 2019

La salud pública quedará aún más en riesgo con el PND


Aumenta la posibilidad de liquidar la red hospitalaria a cargo del estado
Acesi es partidaria  de aplazar la acreditación de los hospitales universitarios
La salud publica en Colombia. Foto: eltiempo.com
Bogotá.-  El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque que hace su tránsito en el Congreso, especialmente lo referente al capítulo de salud, se contradice frente a los anuncios que el Ministro de esa cartera ha expresado.
En ese orden, la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, se mostró seriamente preocupada, al evidenciar la realidad de lo consignado en el texto del proyecto que está en manos de los legisladores.
Voceros de la junta del gremio expresaron al respecto: “Veíamos con moderado optimismo los anuncios del gobierno en cabeza del Ministerio de Salud, cuyos delegados en innumerables oportunidades aseguraron en sus alocuciones, discursos y reuniones la reivindicación de la red pública hospitalaria de Colombia, en el naciente gobierno, pero como dice el adagio popular: del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hoy vemos lo contrario”, indicaron.
Explicaron que después de leer el informe para ponencia del PND,  quedan muchas preocupaciones,  la gran mayoría que afectan directamente a los hospitales públicos de Colombia.
Los gerentes de los hospitales públicos sostuvieron que de entrada el texto que estudian los legisladores incrementa la posibilidad de liquidar la red hospitalaria a cargo del estado, “pues se deja sólo en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público todo lo relacionado con categorización de riesgo fiscal y financiero y los consecuentes planes de salvamento fiscal y financiero,  que de incumplirse,  las empresas sociales del estado pasarían a ser sometidos a ley 550 bajo la tutela de la Supersalud,  con el agravante que en lo que destina a Sistema General de Participación (SGP) se plantea financiar la infraestructura pública operada por terceros,  es decir,  se motiva a liquidar hospitales públicos y entregárselos a terceros”, aseguraron.
Eso desconcierta, pues desde un comienzo los altos funcionarios del gobierno Duque del sector salud hablaron de defensa de la red pública, pero en la realidad, lo escrito en el plan de desarrollo, es absolutamente opuesto, indicaron.
Los representantes de ACESI relataron que se disminuye en el 80% el SGP Oferta, lo que obviamente desfinanciará la atención de "vinculados" o Población Pobre No Afiliada "PPNA" y la red pública hospitalaria. En consecuencia, la pregunta es ¿Qué pasará con los recursos patronales, con los que se financian la seguridad social de los trabajadores vinculados a la red pública hospitalaria?
Agregaron que si bien el denominado Giro Directo, se planteaba inicialmente como obligatorio en ambos regímenes, en cambio, en la ponencia queda opcional,  argumentando que la ADRES "podrá" hacer el giro directo. “Esto es muy lesivo para la red hospitalaria pública y privada,  pues hoy el giro directo es obligatorio para el régimen subsidiado (es lo poco que ingresa regularmente a los prestadores) y en régimen contributivo también es obligatorio para EPS que están en vigilancia especial, donde se debe girar directamente mínimo el 80% de la UPC. De aprobarse este cambio, Hospitales Públicos profundizaran su crisis”, indicaron.
Otras angustias
Igualmente hicieron referencia a la reducción sustancial al subsidio de oferta. “No podemos olvidar que el sector tiene una gran deuda con las zonas alejadas y dispersas en temas de salud pública y que hoy en día están emergiendo varias enfermedades transmisibles por la baja gestión de trabajo a nivel de intervenciones colectivas, situación que debe ser mejorada por las entidades territoriales con la oportunidad en la contratación, pero igualmente, con recursos suficientes para las actividades que deben ser realizadas en coherencia con el fortalecimiento de un modelo centrado en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad”, dijeron.
Con respecto a la propuesta de saneamiento financiero de las ESE, aclararon que si bien es importante, se mostraron preocupados, porque el acuerdo de punto final, no incluye el saneamiento de recursos entre EPS e IPS por concepto de cartera correspondiente a los servicios prestados con cargo a la UPC o incluidos en el plan de beneficios que es el grueso de la cartera y se limita a lo no incluido en la UPC.
“Nos inquieta que el acuerdo de punto final no soluciona el grave problema que persiste de la cartera actual, entre las EPS y los prestadores y no logremos cuentas claras en el sector”, señalaron.
A pesar de la solicitud por parte del gremio de incluir un artículo que permita aplazar la acreditación de los hospitales universitarios, esto no ha sido viable. Este tema  es otra de las grandes inquietudes que asaltan a los directivos del gremio. “No es posible que la gran mayoría de esas empresas sociales del estado aún no estén acreditadas, cuando el plazo se vence el 1 enero de 2020. Podrían perder su calidad de –universitarios-. Esa situación les quitaría  los recursos de la estampilla Pro-hospital, de paso se crearía una crisis para los diferentes convenios docencia-servicio entre las universidades y los mismos hospitales. Una verdadera crisis en varias regiones del país para las ESE y la Universidades que no contarían con suficientes sitios de práctica para sus estudiantes”, apuntaron los voceros de ACESI.
Finalmente, la formalización de las plantas de personal de los hospitales públicos, se convierte en un problema cuando no se tiene cómo pagarle a esos nuevos funcionarios. “Si bien defendemos formalizar las plantas de personal, esa una decisión que debe ser respaldada con las posibilidades de recursos suficientes para cumplirle a los profesionales de la salud”, advirtieron. Fuente: Comunicaciones, ACESI.
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sábado, 30 de marzo de 2019

Vigilancia del CNE a propaganda política pidió procurador


La propaganda exterior anticipada para candidatos que utilicen mecanismos de recolección de firmas, consultas o encuestas, contradice los plazos establecidos por la ley para el desarrollo de las campañas electorales.
El Ministerio Público pidió a los mandatarios territoriales adelantar los procedimientos administrativos necesarios para garantizar que los elementos publicitarios que no cumplen con las condiciones de ley sean retirados.
Bogotá, 29 de marzo de 2019.  El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) adoptar medidas inmediatas para regular y vigilar la propaganda exterior visual, en procesos de recolección de firmas, encuestas y consultas para los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular.
En carta enviada al presidente del CNE, Heriberto Sanabria Astudillo, el jefe del Ministerio Público advirtió vacío en la reglamentación en temas como el alcance y las características precisas de la propaganda que puede hacerse en razón de las consultas, y su uso en otros mecanismos para la selección de los candidatos, por ejemplo, las encuestas.
“Aunque el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011 establece los plazos específicos para el inicio de la publicidad exterior y la difusión a través de medios de comunicación, dicha disposición no es precisa en lo que respecta a los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular mediante los mecanismos de recolección de firmas, encuestas o consulta”.
Carrillo Flórez señaló que la posibilidad de uso de propaganda en consultas debe darse únicamente a partir de la confirmación de su realización.
El Procurador enfatizó en que la propaganda exterior anticipada para candidatos que utilicen esos mecanismos, “contradice los plazos establecidos por la ley para el desarrollo de las campañas electorales, en la medida en que adelanta su iniciación”, e instó al CNE a tomar medidas que garanticen el equilibrio en el desarrollo de los comicios electorales que se realizarán el 27 de octubre.
Vigilancia electoral
En desarrollo del control electoral, el Ministerio Público solicitó a las autoridades municipales y distritales dar cumplimiento a artículo 3 de la Ley 140 de 1994 que prohíbe colocar publicidad exterior visual sobre infraestructuras, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura propiedad del Estado, y al artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, que establece los plazos para iniciar la publicidad exterior visual.
Así mismo, pidió a los mandatarios territoriales adelantar los procedimientos administrativos necesarios para garantizar que los elementos publicitarios que no cumplen con las condiciones de ley sean retirados, particularmente en Bogotá, Medellín, Sabaneta, Soacha y Riohacha, sobre las cuales se tienen registros y reportes sobre la ubicación de vallas publicitarias de propaganda electoral. 
La Procuraduría continuará realizando vigilancia electoral en todo el país, a través de las comisiones electorales bajo la coordinación de los procuradores regionales y provinciales, adelantando labores de verificación y exigiendo el cumplimiento de la normatividad referida a la publicidad exterior visual y al desarrollo de actividades de propaganda con fines electorales en los comicios de octubre del presente año.
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viernes, 29 de marzo de 2019

En el mundo Digital debe predominar la lengua española: Telefónica

José María Álvarez-Pallete
Córdoba (Argentina), 28 de marzo de 2019.- “La lengua española tiene un reto tremendo por delante. Es necesario que entre todos coloquemos al español donde se merece, también en el mundo digital”. Con este llamamiento, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha urgido a desarrollar inteligencia artificial basada en la lengua española. Lo ha hecho durante su participación en el VIII Congreso de la Lengua que se celebra en Córdoba, Argentina, desde hoy y hasta el 30 de marzo.
También ha instado a “entender cómo se está fraguando la lengua sintética con la que ya nos relacionamos” cuando preguntamos al asistente de voz las noticias del día, el tiempo, la información del tráfico, el resultado de un partido de fútbol, al usar las aplicaciones de mensajería, o al traducir textos usando traductores digitales. José María Álvarez-Pallete ha señalado que “urge hacerlo desarrollando inteligencia artificial basada en nuestra lengua, como Aura de Telefónica”.
El presidente de Telefónica ha explicado que, tras el chino, el español ocupa la segunda posición por importancia. Hablado por 480 millones de personas como primera lengua, supera en un veinte por ciento en número de hablantes al inglés. Sin embargo, al revisar cuál es el idioma en contenidos digitales “el español cae a la cuarta posición y el inglés sube a la primera, con un peso diez veces mayor que el de nuestro idioma”, ha señalado.
Por otro lado, ha indicado que “nuestra lengua está además expuesta a otros riesgos”. El porqué de este fenómeno lo encontramos en los datos con los que aprende a hablar una inteligencia artificial. “Cuanto menos precisos, más erróneos o menos relevantes sean, más errores, limitaciones o incluso sesgos se incorporarán en el lenguaje sintético. Esto supone una amenaza para el futuro de nuestra lengua que no podemos ignorar si queremos asegurar el uso del español por futuras generaciones”.  Fuente: Comunicaciones de Telefónica.
Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co

sábado, 9 de marzo de 2019

Kavida Aisiri, dirigirá el consulado honorario en Tailandia

Acompañan a la Cónsul, dos diplomáticos
de Colombia en Tailandia 

Bogotá (mar. 1/19). El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia aprobó la apertura del primer Consulado Honorario de Colombia en Tailandia en la ciudad de Chiang Rai con jurisdicción en la ciudad de Chiang Mai.
Ubicado al norte del país, en frontera con Myanmar y Laos, el Consulado Honorario será dirigido por Kavida Aisiri, de origen tailandés. Dentro de las funciones de la Cónsul Honoraria se encuentra la promoción del desarrollo comercial, económico, cultural y científico entre Colombia y Tailandia y mantener los lazos de amistad y cooperación con las autoridades locales.
En noviembre de 2018, durante las II Consultas Políticas entre Colombia y Tailandia, realizadas en Bangkok y presididas por la Viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Luz Stella Jara y su homólogo del país anfitrión, se pactó la realización de una nutrida agenda cultural para el 2019, con motivo de los 40 años de aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países.
El horario de atención del Consulado Honorario en Chiang Rai es de 9 a.m. a 4 p.m. en 1129 Kraisorasit Road. Tumbon Vieng, Amphoe Muang. Chiang Rai 57000. Para mayor información puede comunicarse con los números telefónicos: +66 (86) 561-9929 y +66 (99) 245-6595.
Esta iniciativa se enmarca en el propósito de fortalecimiento institucional que busca el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en el Sudeste Asiático.  Fuente: Prensa de relaciones exteriores.
(Ajuste de contenido y diagramación bersoahoy.co)

viernes, 8 de marzo de 2019

PGN fija posición sobre lucha contra cultivos ilícitos


 La Procuraduría es clara al señalar que los parámetros fijados por la Corte Constitucional para la práctica de aspersión área de herbicida sobre cultivos ilícitos, no representan una traba en la lucha contra el problema de las drogas, sino una garantía institucional”.
 Llamamos la atención sobre la necesidad de que la hoja de ruta del gobierno para enfrentar la criminalidad del narcotráfico se traduzca en acciones articuladas y coordinadas interinstitucionalmente, a nivel central y territorial”.
Bogotá, 7 de marzo de 2019. El Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González, al intervenir en la Audiencia sobre el uso del glifosato en la Corte Constitucional, manifestó que  “la mejor manera de atacar el crecimiento de área sembrada con coca es la sustitución voluntaria”, pero advirtió que debe ir acompañada de “sólidas y efectivas políticas de desarrollo e inversión social, así como del ultimátum creíble de la erradicación forzosa”. 
“La Procuraduría en esto es clara al señalar que los parámetros fijados por la Corte Constitucional para la práctica de aspersión área de herbicida sobre cultivos ilícitos, no representan una traba en la lucha contra el problema de las drogas, sino una garantía institucional, para que su uso se adecúe a los preceptos constitucionales. Y así debe ser la interpretación de sus fallos, con la ponderación y búsqueda de garantías admisibles que equilibren seguridad nacional y lucha contra la criminalidad, frente a los derechos a la salud y el ambiente sano de las poblaciones y grupos étnicos, en la ruralidad”.
Frente a la aspersión aérea, Cortés González advirtió que “no es la única, ni la determinante para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos”, y enfatizó en que si es utilizada debe estar sometida al desarrollo de una política integral y articulada de erradicación voluntaria y forzosa y de desarrollo social, y al cumplimiento de los estándares fijados por la Corte Constitucional en las sentencias T-080. T-236 y T-300 de 2017.  
Señaló que frente a la aspersión aérea, el Gobierno Nacional, para cumplir las sentencias del alto tribunal, debería presentar un programa de "acciones y compromisos, entre los que se incluyan aspectos como: (i) definición de una instancia técnica e internacional de vigilancia y acompañamiento, preferiblemente un organismo de carácter científico con reconocimiento institucional en el ámbito de Naciones Unidas, (ii) establecimiento de un programa de participación ciudadana y diálogo con las instituciones, en todas la etapas del proceso, (iii) adopción de una plataforma efectiva para recibir y responder oportunamente peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos y las poblaciones potencialmente afectados, (iv) programa de actualización de las institucionalidad administrativa, para que se diferencien los operadores que regulan la política contra las drogas, de aquellos que la ejecutan, (v) presentación de un programa exhaustivo de mitigación de riesgos asociados a la aspersión, (vi) adopción de mecanismos ágiles que permitan responder a situaciones de emergencia y realizar valoraciones temporales sobre los impactos del herbicida, (vii) propuesta a la Corte Constitucional sobre un mecanismo de reporte periódico que, con adecuada base científica, permita a esta tomar decisiones inmediatas de suspensión, ajuste, modificación u otras en relación con las estrategias adoptadas por el Gobierno, dándole flexibilidad y oportunidad a la toma de decisiones y al control sobre sus efectos".
Para el Viceprocurador General “es necesario que se busquen garantías admisibles que equilibren seguridad nacional y lucha contra la criminalidad, frente a los derechos a la salud y el ambiente sano de las poblaciones y grupos étnicos, en la ruralidad” e  hizo un llamado al Gobierno Nacional para que la hoja de ruta se traduzca en acciones articuladas y coordinadas interinstitucionalmente, a nivel central y territorial. 
En este sentido, advirtió que actualmente las políticas de erradicación voluntaria y forzosa están desarticuladas porque “se estructuran con metas basadas en la erradicación y no en la transformación territorial, ni en la sostenibilidad de la intervención”. 
Así mismo, precisó que los beneficios de la sustitución voluntaria frente a la erradicación forzosa son múltiples. La primera genera desarrollo en los territorios y fuentes de ingreso permanente para las familias, y la segunda, es necesaria para el control del crecimiento de los cultivos de coca en el país. 
Aseguró además que la presión del Estado debe aplicarse sobre todos los eslabones de la cadena de manera simultánea, sin olvidar los problemas de las familias colombianas dedicadas al cultivo (llamados eslabones débiles de la cadena del narcotráfico).
“La demanda inelástica y la flexibilidad con que pueden adaptarse y trasladarse los cultivos y las estructuras de procesamiento, hacen que la cadena de producción y exportación de cocaína se recupere rápidamente en el momento en que la presión cesa. En este sentido, pareciera que la capacidad de respuesta de las organizaciones criminales es mucho más rápida que la de las autoridades encargadas de combatirlas”.
Finalmente, el Viceprocurador lamentó que los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá sean las regiones más afectadas por la presencia de cultivos ilícitos, territorios donde también hay más pobreza y asesinatos a líderes sociales. Foto: Prensa PGN.
(Ajuste de contenido y diagramación: Bersoahoy.co)

miércoles, 6 de marzo de 2019

Superservicios condena a prestadores a devolver parte de las tarifas

·La devolución, en proceso, de estos recursos a suscriptores de los servicios de acueducto y alcantarillado, es resultado del control tarifario realizado por la Superservicios entre 2017 y 2018.
Bogotá, D.C., 6 de marzo de 2019. En el marco de sus funciones de vigilancia y control, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios identificó cobros no autorizados por $15.773.967.372 en las tarifas aplicadas por 14 empresas prestadoras a 2,7 millones de suscriptores en 19 ciudades del país.
En la verificación de la aplicación del régimen tarifario, la Superservicios evidenció que estas empresas aplicaron de forma inadecuada la metodología tarifaria expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, actualizaron incorrectamente la tarifa con el Índice de Precios al Consumidor - IPC generando cobros no autorizados.
Natasha Avendaño 
Los procesos de devolución iniciaron entre los años 2017 y 2018. Para el 90% de los recursos, a ser devueltos por las Empresas de Bogotá, Pamplona y Chiquinquirá a cerca de 2.126.000 usuarios, se acordó que las devoluciones se harán en un promedio de cuatro años. En lo que respecta a la Empresa de Servicios Públicos de Puerto López Espuerto S.A. E.S.P. y Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P., los periodos de devolución serán en promedio de 24 meses (2 años). Todos los usuarios pueden realizar la verificación de la devolución en la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado.
“Seguiremos con este trabajo de vigilancia y control para lograr nuestro objetivo como entidad técnica encargada de proteger los derechos de los usuarios con relación a las tarifas de los servicios públicos”, afirmó la Superintendente, Natasha Avendaño García.
Cuadro:  Empresas y montos de devolución requeridos por la Superintendencia durante 2017 y 2018
Empresa
Área de prestación
Monto a devolver/devuelto*
Suscriptores resarcidos*
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P
Bogotá, Socha y Gachancipá
$ 10.130.667.649
2.100.000
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona S.A. E.S.P.
Pamplona
$ 2.569.245.989
13.000
Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de Chiquinquirá
Chiquinquirá
$ 1.430.064.201
13.000
Centroaguas S.A. E.S.P.
Tuluá
$ 750.000.000
(Ejecutado)
50.000
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. Oficial
Ibagué
$ 325.798.283
(Ejecutado)
230.000
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.
Bucaramanga, Floridablanca y Girón
$ 270.804.773
(Ejecutado)
250.000
Empresa De Servicios Públicos de Puerto López Espuerto S.A. E.S.P.
Puerto López
$ 202.691.583
5.600
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
Tubará y Palmar de Varela
$ 73.749.719
(Ejecutado)
1.530
Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Cúcuta
$ 9.193.752
45
Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.
La Ceja
$ 8.157.479
(Ejecutado)
11.400
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P.
Duitama
$ 1.451.219
(Ejecutado)
25.700
Empresas Públicas de Marsella E.S.P.
Marsella
$ 1.147.272
(Ejecutado)
3.000
Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P.
Rionegro
$ 819.917
(Ejecutado)
30.000
Servidonmatias E.S.P. S.A.S.
Don Matías (Antioquia)
$ 175.536
(Ejecutado)
6
Total
$ 15.773.967.372
2.733.281
GRUPO DE COMUNICACIONES - SUPERSERVICIOS
PBX: (1) 691 3005 - Carrera 18 No 84-35 Piso 7 - Bogotá
(Ajuste de contenido y diagramación: Bersoahoy.co)

martes, 5 de marzo de 2019

ACESI plantea amplio debate al Plan Nacional de Salud

Olga Luccía Zuluaga M.

Bogotá.- Un minucioso análisis de la propuesta política  del gobierno en relación con el Plan Nacional de Salud, realiza el gremio de los hospitales públicos.
Una vez fue radicado en el Congreso el Plan Nacional del Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, en los últimos días, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, se dedicó con sus expertos a escudriñar todo lo relacionado con el tema de salud y encontró aspectos positivos, pero otros muy preocupantes.
La directora ejecutiva de ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, planteó observaciones que serán esbozadas al Ministerio de Salud, a Planeación Nacional y al propio Congreso de la República.
Lo positivo
Se destacan propuestas como el pacto por la ciencia, tecnología y la innovación en donde se tendría un sistema de salud conectado y con un mínimo de datos, para lograr la interoperabilidad; la gestión pública que permitirá un gobierno corporativo en las ESE; ya no más EPS de papel: la triple meta, establecerá indicadores de calidad y con base en ésta se pagará a las aseguradoras, lo cual, permitirá la satisfacción de los usuarios y eficiencia en el mismo; las competencias de inspección, vigilancia y control sobre cualquier modificación accionaria de las EPS, permitirá controlar estos movimientos, y la inclusión de los recursos para el pago de las deudas de Caprecom, será un alivio financiero para los prestadores.
Igualmente, el gremio ve con buenos ojos la inclusión de los operadores logísticos en el sistema para así lograr su regulación; el planteamiento de un pacto social en donde el Acuerdo de Punto Final, permitirá tener cuentas claras en el sector y las bases para la no  repetición de los errores del pasado. En lo positivo, se destaca también el planteamiento de fortalecer la baja complejidad para darle mayor capacidad resolutiva, explicó la vocera gremial de las empresas sociales del estado a nivel nacional.
Sí, pero no
“En algunos puntos el gremio insistirá en que es necesario un ajuste en las decisiones, por lo que pedirá al gobierno y a los congresistas de las Comisiones Séptimas de Cámara y Senado, hacerle ver al ejecutivo una conciliación para fortalecer unos puntos concretos”, recalcó la médica.
En uno de los apartes se establece que las ESE que se encuentran en riesgo fiscal y financiero, actualmente en la Superintendencia Nacional de Salud, vuelvan al Ministerio de Hacienda y Crédito público para presentar sus planes nuevamente, lo cual, es benéfico para éstas instituciones que no  han tenido aprobación de sus planes de saneamiento; pero preocupa que se continúe midiendo a los hospitales por su gestión financiera sin tener en cuenta lo establecido en la Ley estatutaria.
La decisión de centralizar los recursos para el pago de las tecnologías, no cubiertas en la UPC,  es una buena decisión para el sistema y para las Entidades Territoriales a quienes se les entregó la responsabilidad de financiar éstas tecnologías, sin embargo no se les asignaron recursos. Es necesario repensar en la inclusión de éste tipo de tecnologías dentro de la UPC y su financiación para dar así aplicación a la Ley estatutaria en donde se elimina los conceptos de POS y no POS. Esto su vez permitiría desestimular el crecimiento exponencial que tiene éste tipo de tecnologías y sobre todo las barreras de acceso que tienen el usuario para su adquisición, cuando son necesarias.
El giro directo en el régimen subsidiado ha permitido a las ESE subsistir en éstos tiempos de iliquidez, no obstante vemos como la cartera del contributivo tiene un mayor incremento que el mismo régimen subsidiado; por tanto, la propuesta de generar giro directo en ambos regímenes permitirá mayor liquidez y transparencia en el manejo de recursos del sector; por tanto, el giro debe ser del 92% de la UPC en ambos regímenes.
Definitivamente no comparte el gremio
Hay algunos puntos que definitivamente generan profunda preocupación en los prestadores públicos, Olga Lucía Zuluaga R. dijo que serán reiterativos con el gobierno y les harán ver lo negativo para el sector.
“Si bien se asignan recursos para subsidio de oferta, estos se ponen a competir con los recursos de salud pública, siendo éstos recursos disminuidos. No podemos olvidar que el sector tiene una gran deuda con las zonas alejadas y dispersas en temas de salud pública y que hoy en día están emergiendo varias enfermedades transmisibles por la baja gestión de salud pública a nivel de intervenciones colectivas, situación que debe ser mejorada por las entidades territoriales con la oportunidad en la contratación pero igualmente, con recursos suficientes para las actividades que deben ser realizadas en coherencia con el fortalecimiento de un modelo centrado en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad”, explicó.
La baja gestión de las Entidades Territoriales en la ejecución de los recursos de salud pública, no debe ser un motivo para la disminución de los mismos, por el contrario, es un reto lograr el fortalecimiento de la capacidad de ejecución de éstas entidades que tienen a cargo la salud de los territorios. No todos departamentos y municipios tienen la misma capacidad de resolución.
Uno de los puntos más importantes y positivos es el establecimiento del saneamiento de las ESE y sus estados financieros, pero en la medida que se genere aclaración de cuentas entre los actores y que no existan faltas disciplinarias, fiscales y penales en el castigo de cartera. “Nos preocupa que se haga -castigo de cartera- a los recursos que hoy en día están pendientes de pago de Saludcoop y Cafesalud y en general, la cartera de la red pública mayor a 360 días, porque acorde con los indicadores elaborados con base al 2193, las ESE no tendrían como pagar la deuda que tienen con proveedores y recurso humano, sino se paga la deuda mayor a 360 días”, anotó.
“Igualmente, que la fijación de tarifas progresivas en el régimen subsidiado del 1 al 15%, se conviertan en cartera para las ESE, por falta de capacidad del pago de los usuarios. Se sugiere que se analice la exención de impuestos que se ha generado a grandes capitales Vs una mayor carga impositiva para niveles de Sisben bajo”, señaló.
Recomendaciones
De todas formas, voceros gremiales hicieron varias observaciones que consideran importantes: “el acuerdo de punto final debe incluir también a los hospitales de baja complejidad para sanear todo el sector. En éste punto adicionalmente, solicitamos el acompañamiento de los entes de control, para evitar el abuso de posición dominante de algunas EPS que ya están pidiendo “descuento” sobre las cuentas pendientes de pago, para acceder al saneamiento de cartera y posterior pago de las mismas; las reorganizaciones empresariales deben incluir el pago previo de la deuda o en su defecto es necesario que se cumpla en forma estricta el plan de pagos aprobado por la superintendencia, sopena de suspensión de la habilitación de la EPS”, indicó.
Los representantes de los hospitales a cargo del estado consideran que deben ser modificados los criterios de riesgo fiscal y financiero en las Empresas Sociales del Estado y que sean incluidos.
indicadores de calidad y resultados en salud, así como fortalecer los índices de dispersión geográfica y otros criterios están plasmados en la Ley estatutaria. Por otro lado, es importante que el Ministerio de Salud y Protección Social haga parte de la evaluación de las ESE que ingresaron en riesgo fiscal, puntualizaron. Fuente: Comunicaciones ACESI.
(Ajuste de contenido y diagramación: Bersoahoy.co)

lunes, 4 de marzo de 2019

Ecopetrol asegura nuevo plan exploratorio de petróleo

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, el director de la  Anh
 Luis Miguel Morelli y  y el v/tro  de energía Diego Mesa
oficializaron el tratado

Bogotá.- marzo 4 de 2019.- Ecopetrol reactivo la actividad petrolera colombiana en áreas costa afuera,  tras la firma del  primer contrato bajo la nueva minuta.
La estatal petrolera informó que con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, se oficializó el primer contrato de Exploración y Producción (E&P) costa afuera (Offshore) para este tipo de contratos, que rige a partir del 1 de marzo.
El contrato, que es 100% Ecopetrol, corresponde al bloque COL 5, ubicado Costa Afuera del Sinú, en el Caribe colombiano, con una extensión de 400 mil hectáreas. El bloque está contiguo a los contratos Purple Angel y Fuerte Sur, donde la empresa realizó los más recientes hallazgos Offshore de gas: Kronos, Purple Angel y Gorgon.
Antes de convertirse en contrato E&P, este bloque era un Área de Evaluación Técnica (TEA), donde se llevaron a cabo estudios geológicos y geofísicos y adquisición de información sísmica, con el objeto de determinar la prospectividad del área.
Como resultado de este proceso, Ecopetrol decidió hacer la conversión a un contrato E&P. En esta primera fase se prevé realizar un nuevo proceso de adquisición sísmica y estudios especializados en geofísica. En fases posteriores se llevaría a cabo la perforación de pozos exploratorios.
Con la firma de este contrato, Ecopetrol suma participación en cinco bloques E&P en el Caribe Colombiano: Fuerte Sur, Purple Angel, Tayrona, RC12 y COL 5. Para este último bloque la Empresa contemplará la búsqueda de un socio estratégico para compartir riesgos e inversiones. 
Fuente: Jorge Mauricio Tellez
Bogotá, 4 de marzo de 2019
(Ajuste de contenido y diagramación: Bersoahoy.co)

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